por Jorge Lefevre Tavárez
[Este artículo es la primera parte de una serie de tres]
1.
Voces desde perspectivas políticas disímiles parecen coincidir en que la superación de la crisis económica puertorriqueña requiere de un “plan de país” o un “proyecto de país”. Lo que subyace estas frases parecería ser lo siguiente: revertir la crisis de Puerto Rico requiere un plan económico y social amplio, coherente, en lugar de las reformas aisladas o “parchos” que se han implementado desde hace ya década y media en Puerto Rico.
Los llamados a conformar un plan o proyecto de país reconocen, también, que se deben superar lo que a veces llaman “las divisiones del pasado”. El “partidismo” y el “tribalismo”, explican, han producido un fraccionamiento de la sociedad que no ha permitido concretar este proyecto económico y social coherente, que ni siquiera ha permitido desarrollar un espacio de diálogo para pensar en un proyecto de tal magnitud y urgencia. El proyecto de país debería ser, por tanto, fruto del diálogo que produciría este conjunto que ha decidido superar diferencias previas.
Según estas premisas, en síntesis, sería necesario el desarrollo de un proyecto económico y social integral, resultado de la unión de diversos sectores y apoyado por estos. No en balde se habla de la urgencia de una “alianza” capaz de hacer realidad estas premisas.
Con respecto a los señalamientos iniciales que se han expresado, no hay duda de que parecen ser correctos. Sin embargo, habrá que empezar a hilar fino para que podamos convertirlos en un hecho concreto. Habrá que preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto se pueden superar las divisiones internas que se experimentan en la sociedad puertorriqueña. Si históricamente han existido “partidos”, se debe a la premisa de que la sociedad está dividida en “partes”, que luchan entre sí para impulsar sus visiones de mundo o sus intereses. ¿Es cierta esta premisa, o debería revisarse? ¿Sería posible superar estas divisiones en “partes”? ¿Cómo afecta la necesidad de un proyecto de país para Puerto Rico?
Veamos, para seguir con estas interrogantes, las propuestas que promueven los sectores empresariales, como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Constructores. Seguramente, nadie pudiera negar la importancia que tiene el sector empresarial en nuestra sociedad, y la influencia que tiene a la hora de promover y lograr política pública en Puerto Rico. A pesar de la heterogeneidad del sector empresarial (sería irresponsable verlos como un bloque rígido y homogéneo; el sector empresarial tiene, también, particularidades por industria, y no en pocas ocasiones hay competencia entre sus propios componentes), vemos que ha funcionado de manera unida, como una sola voz, para impulsar sus propuestas principales para Puerto Rico. ¿Cuál ha sido la respuesta del sector empresarial a la crisis? Su respuesta histórica ha sido:
a) la crítica al gigantismo gubernamental, que hacía referencia al supuesto tamaño excesivo del gobierno, lo que lo llevaba a ser uno ineficiente;
b) la propuesta de privatización o subcontratación de servicios públicos, como manera de resolver el gigantismo gubernamental y hacer más eficientes los servicios ofrecidos;
c) la crítica a la reglamentación excesiva, asociada a la permisología, que obstaculizaba la creación de nuevas empresas;
d) la propuesta de la desreglamentación laboral, como manera de supuestamente emplear a más personas;
e) las propuestas de exenciones contributivas para el capital externo, que se pensaba que podía desarrollar la economía local si invertía en ella
Si digo que la respuesta del sector empresarial ha sido histórica, lo hago para enfatizar, en particular, que ha sido la misma respuesta previo a la crisis y durante la crisis que todavía sufrimos. Estas respuestas, pues, han tenido manifestaciones distintas (CAREF, Ley 7, Ley 66, Reforma laboral, etc.), pero parten de unas mismas críticas hacia el gobierno y la economía, unas mismas respuestas a los problemas (reales o ficticios) que ven.
El sector empresarial, es importante decirlo, en gran medida ha logrado convertir sus propuestas en política pública. En efecto, hemos vivido la reducción y el desmantelamiento de instituciones gubernamentales, hemos vivido la desreglamentación de la contratación laboral y de la protección ambiental en la última década y media. Esto ha ocurrido porque los sectores empresariales han logrado canalizar su programa y sus intereses económicos a través del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Los partidos que han gobernado, por tanto, han servido de vehículos políticos para estas propuestas empresariales, razón por la que se les cataloga como “partidos patronales”. A través de ellos gobierna la clase empresarial, y, cada vez más, los intereses capitalistas externos.
Esta clase empresarial, además, no siente inconveniente con ir más allá de los espacios de discusión para imponer su voluntad. Los sectores empresariales apoyaron la aprobación de la Ley PROMESA y de la creación de la Junta Control Fiscal. Cuando no pueden lograr imponerse en el gobierno con la efectividad que desean, no tienen problema alguno con recurrir a algunos de los aparatos dictatoriales del poder colonial en Puerto Rico. Así, por ejemplo, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) no titubeó al decir que, de aprobarse un aumento en el subsalario mínimo (actualmente de $2.13 por hora), recurrirían a la Junta para que esta derogue la ley que aprobó el aumento. Al final, no fue necesario, pues el gobernador vetó la ley. Pero el poco compromiso con el espacio democrático por parte, por lo menos, de ASORE quedó demostrado.
Igualmente quedó demostrado por las acciones de este sector ante la aprobación de una ley que restituía algunos derechos adquiridos que la Reforma Laboral del 2017 había eliminado. El sector patronal decidió incumplir con la ley, con la esperanza de que esta fuese derogada en la corte; al esta anularse ab initio, varios elementos de este sector han llegado al punto de estudiar la posibilidad de reclamar el bono de navidad que habían otorgado bajo el cálculo dispuesto en la ley anulada. La clase empresarial y las organizaciones que las representan, por tanto, no solo controlan el gobierno a través de los partidos patronales, sino que no tienen reparos en ir por encima de las estructuras democráticas para imponer su voluntad.
Se pudiera decir, por tanto, que vivimos el proyecto de país de la clase empresarial.
Las propuestas de los sectores empresariales que se han convertido en política pública en las últimas décadas, queda demostrado, no han ayudado a superar la crisis económica de Puerto Rico, han sido incapaces de revertir el colapso económico y social que se profundiza. Más trágicamente aún, sus propuestas no han cambiado, sino que se reiteran. No ha habido reflexión ni autocrítica por parte de estos sectores, no ha habido creatividad y renovación, solo el eterno retorno a lo mismo de siempre.
Algunos de los voceros de un proyecto de país, de una alianza de país, hacen un llamado para que este proyecto tenga un carácter “nacional”, es decir, que agrupe a todas las personas y todos los distintos intereses que se encuentran en la sociedad puertorriqueña. Hablan de un “pueblo puertorriqueño”, sí, pero de un “pueblo” que parece incluir a toda persona, a todo sector. Y, sin embargo, vemos ya ciertos problemas con este llamado. Vemos que algunos de estos sectores sencillamente no son capaces de reflexionar sobre un rumbo distinto para Puerto Rico; gobiernan a partir de sus intereses inmediatos (independientemente de si esas propuestas les perjudicarán en el futuro), gobiernan a partir de los mismos prejuicios ideológicos que no superan. Dicho de otro modo, los intereses del sector empresarial los impulsan a continuar apostando por la privatización, la subcontratación, la desreglamentación, a pesar de que todo lo vivido demuestra su ineficacia. Harán esto a través de las estructuras políticas existentes, e incluso a través de la imposición de su política por vías de mandatos coloniales. Si queremos hacer algo distinto para salir de la crisis, parecería que hay, por lo menos, ciertos sectores que no formarían parte de esta alianza, en este caso, el sector empresarial.
Esto, poco a poco, nos empieza a llevar a algunas conclusiones. Sigue siendo real la necesidad de crear un proyecto económico y social coherente, que pueda revertir la profunda crisis que vivimos; sigue siendo necesario que este proyecto sea fruto de una discusión amplia y democrática, y, por tanto, que sea impulsada por grandes sectores del país. Pero vamos viendo que hay ciertos sectores que, sencillamente, no solo no participarían de este esfuerzo, sino que es muy posible que lo combatan: que combatan cualquier medida que busque redirigir la ganancia privada para incentivar la economía, que busque fortalecer la organización de clase trabajadora, que busque preservar el medioambiente a través de las limitaciones a las construcciones. Y esto se debe a una razón en apariencia sencilla pero con profundas ramificaciones: un proyecto de país es un proyecto de clase.
Volviendo, entonces, a las premisas que dieron origen a este escrito, parecería, por tanto, que hay ciertas divisiones internas en la sociedad que, por lo menos con respecto a las aspiraciones económicas y sociales, se nos presentan como antagónicas. Hasta cierto punto, entonces, sí formamos parte de una sociedad “partida”, dividida. Vivimos actualmente el proyecto de país de la clase empresarial, y este proyecto es sinónimo de crisis.
No hay de otra: a ese proyecto hay que presentar una alternativa, presentar un proyecto alterno al proyecto de país de la clase empresarial. Para eso, conviene ver algunos aspectos de la crisis económica y social de Puerto Rico.
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Jorge Lefevre Tavárez (editor, escritor, sindicalista) es docente sin plaza en la Universidad de Puerto Rico. Forma parte de la Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universtiarios. Es miembro de Democracia Socialista y de la Junta Editorial de momento crítico.
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