Por Ángel Rodríguez Rivera
“La educación ha sido y seguirá siendo uno de
los puntales claves en la restructuración de la
vida social, cultural y económica del país”
- Ley de asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico
2 de enero de 1966
Por los pasados ocho años, al finalizar el año académico, la comunidad universitaria entra en tortuoso proceso de tener que explicar la importancia de la Universidad de Puerto Rico para el país. Todos los años tenemos que exigir a los gobiernos de turno que no sigan desangrando la institución. La coincidencia del cierre de los años académicos con el comienzo de nuevos años fiscales y discusión del presupuesto de Puerto Rico, transforma la celebración la culminación de un año de éxitos académicos en la preocupación sobre qué pasará con la Universidad de Puerto Rico. Todos los años comienza la peregrinación por la legislatura, tratando de convencer al liderato político del país de la necesidad de aumentar las transferencias del fondo general a la universidad. Todos los años la comunidad universitaria repite hasta el cansancio la necesidad de regresar a la “fórmula”.
Ante la inmediatez precarizada de la UPR y la necesidad imperante de lograr que la institución sobreviva, el discurso de la “fórmula” se convierte en el estribillo que repetimos hasta el agotamiento. Sin embargo, la “fórmula” es mucho más que eso. La ley de asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico es la afirmación presupuestaria de las prioridades de un país necesitado de desarrollo social, cultural y económico. Las prioridades políticas, económicas, sociales y culturales se plasman en la manera que desarrollamos nuestros presupuestos. No es suficiente decir que algo es importante. En el quehacer político-gubernamental las prioridades se determinan a través de la atención presupuestaria que obtienen los asuntos.
La ley fue creada con el propósito “esencial de ampliar la autonomía universitaria en su aspecto fiscal… de tal manera que la excelencia de la educación universitaria y la expansión de oportunidades para ella guarden una adecuada relación en orden al crecimiento integral de Universidad”. No existe autonomía universitaria sin autonomía fiscal. No podemos tomar decisiones de carácter académico si el juicio de quienes preparan el presupuesto se sobrepone a la gestión universitaria.
Este proceso de la evaluación anual presupuestaria ha resultado en una reducción de cerca de 50% de las transferencias a la UPR, una pérdida de cerca de $1,900 millones de dólares en los pasados seis años y una universidad diezmada, en crisis y luchando por su supervivencia. Es un proceso que elimina las posibilidades de planificación académica y deja a merced de los vaivenes presupuestarios las necesidades de estudiantes, docentes y no docentes de la institución. Más importante aún, trastoca la responsabilidad de aportar al desarrollo económico, social y cultural de que Puerto Rico le otorgó a su universidad.
El desarrollo de los países requiere establecer prioridades nacionales. La educación pública y accesible debe ser una prioridad nacional. Es fundamental que Puerto Rico retome el consenso de la importancia de la Universidad de Puerto Rico. Ese proceso le sirvió bien a los y las puertorriqueñas. La “fórmula del 9.6%” ejemplifica lo que puede lograr una sociedad cuando prioriza la educación de su población como acuerdo de país. Retomémosla.
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