Por Democracia Socialista
Este escrito pretende ser una contribución a la lucha obrera en Puerto Rico. Es nuestro interés generar una discusión lo más amplia posible con sectores del movimiento sindical y con personas afines a la lucha y que reconocen que la construcción de un mundo mejor debe ser dirigida y organizada colectivamente y desde la perspectiva de quienes producen las riquezas. En ese sentido, es un documento abierto y sujeto a enmendarse y a ser mejorado, producto de esa discusión y debate al interior de la clase. La forma de resolver la crisis del movimiento está por discutirse y desarrollarse. Adelantemos el proceso para que la clase obrera pueda convertirse en una fuerza dirigente de la sociedad justa y democrática a la que aspiramos.
[Nota de la Junta Editorial de momento crítico: por la extensión del documento, dividiremos su publicación en siete partes. Se publicará una parte cada domingo por los próximos meses. En el futuro, se hará una edición del documento descargable como folleto.]
Ante un nuevo elemento de la política patronal en Puerto Rico: Ley PROMESA y la consolidación del capital financiero como forma de acumulacion de capital
En el 2016, luego de años de crisis económica en el erario en Puerto Rico, se aprueba por el congreso de los Estados Unidos la Ley PROMESA. Esta legislación federal tiene como propósito “proveer métodos para lograr que el Gobierno de Puerto Rico pueda asumir una responsabilidad financiera, y a su vez, acceder a los mercados capitales” (Art. 101). Es decir, ante la incapacidad de cubrir las responsabilidades asumidas, en ocasiones de manera ilegal, el gobierno federal establece un ensayo de austeridad social severa que acelera el proceso de privatización y paradigma político, social y económico neoliberal.
PROMESA establece la necesidad de establecer una responsabilidad fiscal en el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo esta responsabilidad fiscal está definida de manera particular. Para lograr este propósito se plantean múltiples medidas. Entre ellas:
Reducción de personal.
Reducción de beneficios a clase trabajadora en el gobierno.
Modificación radical del sistema de retiro. Esto implica la sustitución de sistema de beneficios definidos por uno de aportación definida.
El establecimiento de medidas de nuevas medidas de recaudos.
Privatización de servicios gubernamentales. [1]
El desarrollo del capital financiero como elemento fundamental del proceso de acumulación de riquezas surge ante una crisis de excedente de capital desarrollada desde los años 70 pero impuesta de manera desigual en el territorio colonial. La disminución de la actividad industrial, acrecentada con la eliminación de la sección 936 del Negociado de Rentas Internas, constituye en Puerto Rico terreno fértil para la imposición de las políticas neoliberales de manera salvaje. Vemos claramente cómo en Puerto Rico “una parte mayor del capital de la industria no pertenece a los industriales que la emplean. No pueden disponer de él más que a través del banco, que a su vez representa al propietario” (Hilferding, 19:254). Es decir que el elemento fundamental en el capitalismo moderno es la compra y venta de capital como ejercicio de control de la producción, explotación y plusvalía.
La imposición de una Junta de Control Fiscal que “velaría” la situación fiscal del gobierno a la vez que dirigiría el proceso de reestructuración de deuda vino a acentuar, además, la condición colonial en la que se encuentra Puerto Rico, que en las últimas décadas ha venido a ser reconocida por la mayoría de la población, a la vez que se termina por desmoronar las previas ilusiones que se tenían sobre el Estado Libre Asociado.
La aprobación de esta ley federal tiene efectos contradictorios sobre la clase trabajadora puertorriqueña y su proceso de organización sindical. Por un lado, el advenimiento de PROMESA sentó las bases para un proceso de movilización. Tanto los sectores obreros organizados como otros sectores sociales han visto un incremento en la movilización desde la llegada de la junta. Sin embargo, por otro lado, esta militancia ha sido desde una posición de debilidad. En lugar de movilizar para la exigencia de nuevas reivindicaciones y derechos, esta se da como defensa pírrica de lo que se había establecido.
Frente único y participación política de la clase obrera
La clase trabajadora necesita un frente único que le permita no solo resistir, sino avanzar en la lucha por conquistas democráticas. La política del frente único, que ahora impulsamos en las distintas coyunturas de lucha que se dan en la isla, debiera dar paso, también, a la creación de una Central Única de Trabajadores. El movimiento obrero, finalmente, necesita una organización política independiente, con un programa claro que represente sus intereses de clase. Estas tres ideas resumen nuestra visión de lo que debería impulsarse dentro del movimiento obrero.
El bipartidismo tradicional representa los intereses patronales, de los industriales, de la burguesía, y responde a esos intereses en la gestión de sus gobiernos. Un ejemplo fue la Ley 7 bajo la gobernación de Luis Fortuño, quien, a través del CAREF, como hemos mencionado, diseñó y ejecutó una de las agresiones más severas contra el movimiento sindical y contra la clase trabajadora. En aquella ocasión la fragmentación del movimiento sindical facilitó la imposición de la agenda antiobrera. Los ataques contra la clase trabajadora han sido incesantes desde entonces y se han recrudecido con las políticas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal. Los recortes a las pensiones, la reforma laboral, la privatización de la transmisión y distribución de la energía eléctrica han generado resistencias igualmente fragmentadas. Pero esas jornadas de lucha y de resistencia confirman la necesidad de la unidad en la acción: de unidad para resistir los ataques de los sectores patronales ante cada una de las crisis recurrentes del capitalismo y unidad para tomar la ofensiva.
El frente único surge de la necesidad urgente de asegurarle a la clase trabajadora la posibilidad de la unidad en la acción en la lucha contra los ataques provocados por el neoliberalismo y las crisis del capitalismo. Esa unidad en la acción debe darse a pesar de las diferencias – muchas veces muy profundas – que puedan existir entre las organizaciones sindicales y entre sus líderes. Esto a su vez contribuye a generar el apoyo necesario más allá del movimiento sindical para resistir la ofensiva neoliberal y para impulsar las demandas de la clase trabajadora y de las grandes mayorías: “cuánto más sean impulsadas las masas hacia el movimiento mayor será su confianza en sí mismas, el movimiento de masas tendrá más confianza en sí mismo y será más capaz de marchar resueltamente hacia delante, no importa cuán modesta sea la consigna inicial de lucha” [2]. Solo la clase trabajadora en su conjunto podrán acabar con las políticas patronales y la sociedad capitalista.
El frente único, que propicia la acción conjunta y combinada de distintos sindicatos, debería dar paso a la creación de una Central Única de Trabajadores. La unidad de la mayoría de los sectores sindicales bajo una misma central era una necesidad bien entendida en el pasado y bien olvidada por el presente. Los sectores patronales, en constante competencia entre sí, no dudan en actuar como una voz para adelantar sus intereses comunes como clase (Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, etc.). El movimiento obrero, por otro lado, hace décadas ha dejado a un lado la necesidad de agrupar a la mayor cantidad de sindicatos en una estructura que permita la discusión colectiva y la defensa de los intereses de la clase trabajadora.
Por otro lado, la táctica del frente único en las luchas, la búsqueda de la creación de una Central Única de Trabajadores, debe complementarse con la participación política mediante la organización independiente de la clase trabajadora y de un programa que represente sus intereses de clase. La participación electoral en Puerto Rico es relativamente alta – a pesar de su tendencia a la baja en ciclos electorales recientes – en comparación con la participación en otros países. Eso obliga a las organizaciones sindicales a participar de los procesos político electorales; no hacerlo es renunciar a la posibilidad de lucha, resistencia y ofensiva desde esos espacios. La necesidad de la intervención política se acentúa, además, en momentos de una crisis económica alargada, en la que se dificulta arrebatarle al patrono reivindicaciones económicas y sociales a través de la negociación colectiva, por la presión (y al excusa) de la crisis, el alto desempleo, la emigración masiva y las políticas estatales que debilitan la organización sindical y negociación colectiva [3].
La mayoría de los sindicatos no participa – al menos visiblemente– en la política electoral en Puerto Rico. Solo un pequeño sector lo ha hecho públicamente. Algunos lo hicieron respaldando a ciertas candidaturas – principalmente del bipartidismo tradicional – que de una forma u otra habían apoyado las causas de la clase trabajadora. El problema que enfrentaron la mayoría de las veces fue que los programas de esos gobiernos incluyeron más ataques neoliberales contra la clase trabajadora.
Para las elecciones de 2012 participó el Partido del Pueblo Trabajador, organizado en el año 2010 durante la lucha contra la Ley 7. El programa de gobierno propuesto por el PPT respondía a los intereses de la clase trabajadora y la mayoría de las candidaturas presentadas eran líderes de las diversas luchas del movimiento obrero. Impulsó en sus intervenciones públicas las posiciones de la clase trabajadora y logró incorporar al debate esa perspectiva. Una novedad presentada por el PPT fue su apertura a personas independientemente de su postura ante el status. La política electoral en Puerto Rico giraba en torno a las posiciones de la relación de Puerto Rico con los EE.UU: estadidad, status quo e independencia, ocultando así las contradicciones de clase al interior de los partidos tradicionales. El PPT, por otro lado, ni desatendía el tema del estatus ni optaba por una preferencia particular, sino que concentraba sus demandas por un proceso de descolonización como parte de su programa.
Sin embargo, el Partido del Pueblo Trabajador fue incapaz de generar interés en el movimiento sindical, mucho menos apoyo. De hecho, en esas elecciones varios sindicatos apoyaron candidaturas del bipartidismo tradicional [4]. En las elecciones del 2016 el Partido del Pueblo Trabajador mejoró su programa de gobierno al integrar demandas de amplios sectores, pero tampoco fue capaz de obtener el apoyo del sector sindical.
A partir de 2016 se produjeron una serie de discusiones y se desarrollaron diversos esfuerzos para explorar alternativas electorales para derrotar al bipartidismo tradicional. En esas discusiones participó el PPT, entre otras organizaciones. Producto de la integración de varios de estos esfuerzos surgió el Movimiento Victoria Ciudadana. Para esa integración fue fundamental el rol del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras. El Movimiento Victoria Ciudadana no es un partido de trabajadores, y aún cuando su programa es fundamentalmente antineoliberal y reivindica algunas de las demandas de la clase trabajadora, sigue siendo tarea central la organización independiente de la clase trabajadora.
Notas
[1] Los puntos provienen del resumen preparado por la Dra. Yarimar Bonilla, Fabiola Meléndez Olmo, Dayanira Moya Pérez, José Franqui Vázquez y Naomi Raíces López como parte del Internado de Investigación en Ciencias Sociales, Verano 2016, auspiciado por la Fundación Nacional de las Ciencias
[2] León Trotski, Las tácticas del Frente Único, en https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1922/03-1922.htm.
[3] “Cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su cúspide y el capitalismo haya entrado en su fase descendente en el mercado mundial, la lucha sindical se hará doblemente difícil. En primer término, la coyuntura objetiva del mercado será menos favorable para los vendedores de fuerza de trabajo, porque la demanda de fuerza de trabajo aumentará a ritmo más lento y la oferta de trabajo a uno más rápido que los que tienen actualmente. En segundo lugar, los capitalistas mismos, en vista de la necesidad de compensar las pérdidas sufridas en el mercado mundial, redoblarán sus esfuerzos tendientes a reducir la parte del producto total que les corresponde a los trabajadores (bajo la forma de salarios). Como dice Marx, la reducción de los salarios es uno de los medios principales para retardar la caída de las ganancias. La situación en Inglaterra ya nos da una imagen del comienzo de la segunda etapa del desarrollo sindical. La acción sindical se reduce necesariamente a la simple defensa de las conquistas ya obtenidas y hasta eso se vuelve cada vez más difícil. Tal es la tendencia general de las cosas en nuestra sociedad. La contrapartida de esa tendencia debería ser el desarrollo del aspecto político de la lucha de clases”. Rosa Luxemburgo, “Reforma y revolución”, (énfasis de la autora).
[4] En esas elecciones líderes de la UTIER, quienes estaban en huelga contra Fortuño, apoyaron públicamente a Alejandro García Padilla, candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, con la esperanza de que su triunfo electoral les permitiera resolver el entuerto laboral. La respuesta de García Padilla no se hizo esperar: aprobó la Ley 66, una versión “light” de la Ley 7. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, por su parte, desarrolló una campaña de gastos independientes apoyando a Carmen Yulín Cruz para la alcaldía de San Juan, y de Manuel Natal para representante por acumulación – en ese entonces miembros del PPD – entre otras candidaturas.
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