un análisis sobre la reciente decisión de Tribunal Supremo de EEUU
Por Cristina Pérez
En pleno apogeo de las marchas por las vidas negras a través de los Estados Unidos y el mundo, y luego de varios meses de cuarentena a causa de la COVID-19, el Tribunal Supremo federal nos madrugó a todes—en el mes de Orgullo LGBTTIQ+—con una noticia alentadora: finalmente, reconoció que el Título VII del Civil Rights Act de 1964 prohíbe el discrimen en el trabajo por orientación sexual e identidad de género [1].
Esta victoria inesperada nos llega a manos del juez conservador Neil Gorsuch, quien fue nombrado en el 2017 por el presidente Donald Trump para llenar la vacante del también reaccionario juez Antonin Scalia. Apoyado por un voto 6 a 3, el juez Gorsuch argumentó que con una lectura "textualista" del Título VII se puede concluir que, aunque en el 1964 no se hablaba de orientación sexual ni identidad de género, la palabra "sexo"—usualmente interpretada como "sexo biológico"—contenía ambas, y que, por lo tanto, el "discrimen por razón de sexo" incluye también el discrimen por orientación sexual y por identidad de género [2].
Aunque la decisión del Tribunal Supremo en el caso Bostock v. Clayton County, Georgia pueda parecer una victoria contundente, su fundamento es, en términos jurídicos, irremediablemente débil. Con una búsqueda sencilla en internet podemos ver ya cómo los "think tanks" más conservadores de Estados Unidos han comenzado una campaña para desvirtuar la decisión de Tribunal Supremo, utilizando como punta de lanza la "mala lectura" de la palabra "sexo" en la ley [3]. Estos grupos arguyen que el Supremo ha excedido sus poderes al entender que existe en la palabra "sexo" un significado que el Congreso, durante la elaboración del Civil Rights Act del 1964, no había considerado explícitamente. Es decir, acusan al Supremo de legislar asuntos que el cuerpo legislativo había decidido ignorar por más de 50 años.
Por lo tanto, es una victoria, pero a medias. Ante el silencio de un Congreso dividido y un Senado republicano empecinado en torpedear el avance de derechos civiles, el Tribunal Supremo ha buscado la manera de atemperar la ley a la transformación social que se ha cocido a fuego lento durante las pasadas décadas.
Sin embargo, no es suficiente. Hace falta continuar promoviendo estos reclamos y reivindicaciones en la calle a través de movilizaciones y la organización política. Hace falta incomodar a quienes les conviene nuestro silencio. Hace falta ejercer presión para que nuestres legisladores tomen acciones afirmativas para proteger los derechos no solo de la comunidad LGBTTQ+, sino de la clase trabajadora, les negres, les inmigrantes, las mujeres, les jóvenes, y todos los sectores marginados legalmente por el sistema capitalista, racista, misógino y xenófobo que rige nuestra sociedad. En un comunicado reciente sobre este caso, la Democratic Socialists of America hizo un llamado importante:
La liberación cuir está entrelazada con las luchas por los derechos laborales, los derechos de los inmigrantes y la justicia racial. Para que esta decisión sea una realidad para la clase trabajadora, necesitamos fortalecer el poder de los sindicatos y organizar nuestros lugares de trabajo. Tenemos que presionar para que se acabe el empleo a voluntad, que puede ser utilizado por los patronos para eludir incluso las políticas antidiscriminatorias más exhaustivas. Además, si bien el Tribunal Supremo ha decidido correctamente este caso, debemos seguir impulsando nuestros derechos a través de la política de masas para que nuestra liberación no esté sujeta al "Sí" o a un "No" de un órgano no electo [4].
Debemos enfocar nuestros esfuerzos para lograr cada vez más reconocimientos de derechos a comunidades que han sido históricamente marginadas, y a fomentar la unidad de todas las luchas en contra de las opresiones que le han dado forma y sustento al sistema capitalista a lo largo de su desarrollo. Aunque esta decisión representa una gran victoria tanto para la comunidad LGBTTIQ+ como para el movimiento sindical, urge todavía que ambas corrientes se acerquen, estrechen lazos y compartan espacios de lucha.
Es necesario, por lo tanto, crear espacios de discusión y formación política que impulsen campañas para: 1) reflexionar individual y colectivamente sobre aquellos aspectos de nuestras vidas que promueven la opresión y el estancamiento de los derechos civiles. Sobre este último punto cabría preguntarse: ¿qué acciones tomo tanto individual y colectivamente que menoscaban los derechos y las luchas de otres? ¿cuáles son aquellas instituciones gubernamentales y sociales que damos por sentado y que perpetúan la opresión? ¿cómo puedo darle voz a los reclamos de sectores de la sociedad que han sido invisibilizados?;
2) promover el fortalecimiento de uniones de trabajadores donde las haya, y la creación de nuevas uniones donde no haya, para lograr la organización amplia de la clase trabajadora de distintos sectores que reclame más derechos a sus patronos; 3) impulsar dentro de las uniones los reclamos de la comunidad cuir y de otras luchas en contra del discrimen;
4) hacer un llamado a la población para que, consciente de las luchas de clase, raza, género, entre otras, luche en la calle y en la urna por los reclamos de todes; 5) presionar a les legisladores a aprobar medidas que corrijan estos atropellos históricos; y, 6) formar e impulsar las campañas de aquelles candidates que abiertamente acojan estas posturas y que estén dispuestes a dar la lucha en la legislatura.
Notas:
[1] Puedes leer el caso Bostock v. Clayton County, Georgia, aquí.
[2] “Textualismo” o “literalismo jurídico” es una herramienta de interpretación jurídica que se caracteriza por priorizar el significado ordinario de un texto legal y por no considerar fuentes no textuales como “el espíritu de la ley”, el contexto histórico del momento en que la ley fue elaborada y aprobada, o el problema que intentó remediar esa ley, o tan siquiera cuál es la decisión más justa.. Por lo tanto, nos enfrentamos a una interpretación que se basa exclusivamente en las palabras de la ley y su significado común en la época en que se puso en vigor. El profesor Keith Whittington discute esta herramienta hermenéutica a cabalidad en muchos de sus escritos.
[3] El Hoover Institute, uno de los think tanks conservadores de los Estados Unidos, es de los primeros en criticar la decisión del Tribunal Supremo, y utiliza para ello una defensa del textualismo y del originalismo como herramienta hermenéutica. En este caso, acusan al TSEU de legislar ya que entienden que Gorsuch aplicó incorrectamente el textualismo, una metodología usualmente utilizada por jueces conservadores como Antonin Scalia y Clarence Thomas. Para entender mejor la crítica, lea el artículo “The Gorsuch Legal Alchemy”.
[4] La cita original lee:
Queer liberation is intertwined with the struggles for labor rights, immigrant rights, and racial justice. In order to make this ruling a reality for queer workers, we need to strengthen the power of unions and organize our workplaces. We need to push for an end to at-will employment, which can be used by employers to circumvent even the most thorough anti-discrimination policies. Furthermore, while the Supreme Court has ruled correctly in this case, we must continue to push for our rights through mass politics so that our liberation is not subject to the “Yes” or a “No” of an unelected body.
Cristina Pérez es estudiante de derecho y forma parte de la Junta Editorial de momento crítico.
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