Por Sahir Pujols Vázquez
El movimiento animalista en Puerto Rico se fortalece con el cierre del zoológico y el rescate - traslado de unos 500 animales, incluyendo los que estaban en el Centro de Confinamiento en Cambalache. Los animales vivían en condiciones indignas y violentas por parte del gobierno. Esta aseveración no significa que no existan personas y organizaciones que aboguen por el bienestar animal. Más bien, planteamos que surge una nueva conciencia sobre la relación que debemos tener con otros seres sintientes. Una conciencia que reconoce que los animales no solo necesitan mejores condiciones de vida, sino que deben ser liberados de la opresión y que sus intereses deben ser considerados en el ámbito moral y político. Esta argumentación puede ser chocante de primera instancia porque implica cuestionar un paradigma antropocéntrico que nos posiciona privilegiadamente frente a las demás especies y, por consecuencia, ha justificado su exclusión en los reclamos de justicia social. Desde esta conciencia no es suficiente sentir empatía hacia los animales. Es hacer extensivo el valor de la justicia para lograr una convivencia multiespecie. Quienes son animalistas abolicionistas parten de la premisa de que, para lograr una convivencia multiespecie y realmente inclusiva, se deben identificar los tratos desfavorables que experimentan aquellos que no pertenecen a nuestra especie. De igual manera, inspirándose en cómo se han logrado otras luchas sociales, buscan dar contenido político a la causa animal. Dar contenido político a la causa animal es uno de los desafíos que tiene el movimiento. Implica que, si se aspira a ciertas garantías en los adelantos a favor de sus derechos, se necesitará representación política, además del trabajo educativo.
En el 2017 se experimentó una mayor organización en favor del cierre del zoológico. Las denuncias públicas que responsabilizaban abiertamente al Estado de las malas condiciones en que se encontraban los animales y las instalaciones se hacían más contundentes, tanto así que ya se le exigía el cierre permanente. Las posturas a favor de tener un zoológico bajo justificaciones económicas, recreativas y educativas perdían fuerza por la evidencia científica de cómo el cautiverio permanente, en espacios artificiales y confinados, dañan la psiquis animal provocando el deterioro físico, la despersonalización. Ni la defensa de la existencia de los zoológicos como centros de conservación de especies era convincente si no iba acompañada de esfuerzos por la preservación del medio natural. Aprendimos que, si queremos conocer a los animales, los estudiamos en sus hábitats. Que la justicia social debe incluir a los animales no humanos reconociéndoles como compañeros de existencia. Que los zoológicos normalizan la concepción de que podemos privar a otros de su libertad para nuestros fines. Que no puede existir desarrollo económico, diversión ni conocimiento–aprendizaje a costa del buen vivir de los seres sintientes. Descubrimos una sintiencia en los seres no humanos que no se reduce a la vivencia de estados agradables y desagradables, sino que incluye niveles de conciencia y sociabilización, capacidades que demuestran que son agentes de su vida. Por lo que no sería opcional respetarles y dejarles ser conforme a su naturaleza.
Para ese mismo año el exgobernador Ricardo Roselló ordenó el cierre del zoológico al público con el objetivo de investigar las denuncias y los señalamientos recurrentes reportados en las inspecciones federales sobre el cuidado de los animales y las condiciones de las instalaciones. En el 2018 pierden la licencia de exhibición que expedía el Departamento de Agricultura. Ante este panorama, no se podía entrar y documentar las malas condiciones en que se encontraban los animales, por lo que se tuvo que recurrir al recurso legal de acceso a la información pública (Ley 141, 2019). Con este recurso se solicitó la información relacionada a las disposiciones legales que debía cumplir el zoológico bajo leyes estatales y federales, los expedientes médicos y el censo por individuos de cada especie. La primera información alarmante fue la desaparición de unos 500 animales luego del paso del Huracán María y la existencia de solo unos 30 récords médicos de aproximadamente 300 animales. La estrategia, alarmante en principio por lo que se iba descubriendo, fue exitosa en la medida que la agencia encargada de los animales se vio obligada a proveernos la evidencia de su práctica negligente y corrupta.
En el 2021 se solicitó una investigación al Departamento de Justicia. En la solicitud de investigación se presentó un análisis de cómo se entendía que los animales del zoológico y los del centro de confinamiento en Cambalache estaban bajo maltrato negligente, según las disposiciones de la ley 154 para la protección y bienestar animal, por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Mientras se hacía esa gestión, la representante Mariana Nogales presentó en la Cámara un proyecto de ley (PC 784) que buscaba prohibir la exhibición de animales en las instancias públicas del país. Ese mismo proyecto, más adelante, el senador Rafael Bernabe y la senadora Ana Irma Rivera Lassén lo radicaron en el Senado (PS 1041). El proyecto establece, no solo la prohibición de la exhibición de animales, sino también un programa coordinado y supervisado por especialistas para la movilización a santuarios y reservas o la liberación de ellos en su medio natural en el caso de poseer aún las destrezas para sobrevivir. En ese periodo se realizaron querellas al Departamento de Agricultura Federal y con asistencia del Animal Legal Defense Fund se establece comunicación con el Departamento de Justicia Federal. Esa comunicación cambió el destino de los animales que aún sobrevivían en el zoológico. Cuatro meses después, el 27 de febrero del 2023, se anunció el cierre permanente. Una noticia agridulce porque le concede impunidad al gobierno de Puerto Rico mientras cumpliesen con el acuerdo federal de trasladar a todos los animales en un periodo de 6 meses.
Estamos conscientes que el cierre no significa la erradicación de la explotación bajo esa modalidad. Paradójicamente, ha incrementado la existencia de zoológicos privados con las mismas dinámicas y énfasis lucrativo, por lo que es poco probable que consideren el bienestar de los animales.
¿Qué alternativa tenemos entonces? Aceptar que estamos bajo un sistema económico que mercantiliza a todos los seres vivos y, por tanto, debemos unirnos a los esfuerzos que buscan transformarlo. Es innegable que este sistema valoriza a los seres en función de las capacidades productivas para fines particulares, por lo que no será suficiente el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos para que tengan garantías de una vida digna. Desconsiderar esta realidad es destinar la causa animalista a la banalidad.
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Sahir Pujols Vázquez es profesora parcial de la Universidad del Sagrado Corazón y portavoz de Vínculo Animal.
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