Por Ángel Rodríguez Rivera
La Universidad de Puerto Rico, principal institución de educación superior en Puerto Rico, lleva años bajo ataque por parte de los sectores hegemónicos de la política y la economía . Por más de 10 años, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y el subsidio que recibe por ley se ha reducido de manera drástica. Sumado a los recortes presupuestarios, la Universidad va avanzando políticas de austeridad que afectan de manera directa a los sectores más precarizados de la comunidad universitaria y del país. Entrelazado, y como resultado directo de los recortes presupuestarios, el estudiantado de la UPR se ha enfrentado a aumentos en los costos de estudios, reducción en las ofertas académicas de los recintos, aumentos en cuotas de estudio, eliminación o precarización de servicios. Al mismo tiempo, la docencia de la institución ha visto como sus derechos laborales, derechos adquiridos a través de procesos de participación política, se reducen o eliminan. Los/as docentes sin plaza de la Universidad aumentan considerablemente. La cantidad de compañeros/as con tareas a tiempo parcial que trabajan en condiciones de pobreza aumenta exponencialmente a partir de estas políticas de austeridad.
La aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal en el 2016 magnificó las políticas de austeridad que ya llevaban años en la Universidad de Puerto Rico. La junta colonial no solamente incrementó las políticas de recortes y reducción presupuestaria en la institución, sino que también hace planteamientos ideológicos dirigidos a cambiar la visión paradigmática de lo que es la Universidad en el contexto puertorriqueño. Atrás quedaron planteamientos dirigidos solamente a reducir presupuesto. Ahora se atacan los derechos adquiridos de los sectores universitarios. Derechos laborales, sociales y económicos son vistos como innecesarios, dañinos y anquilosados por este nuevo ordenamiento encabezado y dirigido por la Junta de Control Fiscal. Las posiciones de la junta colonial demuestran que no son solamente una agencia de cobro a favor de los bonistas. La junta es un organismo de reorganización económica e ideológica en Puerto Rico. Son la representación del capital transnacional en el terreno de la inmediatez política que es la Universidad de Puerto Rico.
Por otro lado, y corriendo de manera paralela, la Universidad ha sido utilizada como balón político por los sectores hegemónicos de la política partidista puertorriqueña. Cada nueva administración política que adviene al poder sobre el aparato estatal en Puerto Rico ve a la Universidad como botín de guerra y campo de influencia para impulsar una agenda partidista. Esta práctica, común en el PNP y PPD, precariza la llamada autonomía universitaria y corrompe las bases de la misión de la Universidad de Puerto Rico. Una mirada bastante simple a la historia reciente de la UPR demuestra que Rafael Hernández Colón impuso a José M. Saldaña como su persona de confianza para que aumentara el costo de estudios en la institución. Pedro Rosselló modificó la Ley Universitaria de manera que militantes del PNP estuvieran en mayoría en lo que se denominó la Junta de Síndicos de la UPR. Las administraciones populares posteriores revirtieron algunas de esas mayorías en la junta para garantizar tener el control en la Junta de Síndicos. Las administraciones de Luis Fortuño y Ricardo Rosselló volvieron a modificar la Ley Universitaria para devolverle el poder en los cuerpos directivos de la UPR al PNP. De manera que cada cambio en el gobierno implica un cambio de mando en la Junta de Síndicos (hoy Junta de Gobierno) para controlar desde el partido-gobierno a la Universidad.
La inmediatez y gravedad de la politiquería y sus repercusiones en la Universidad pone a mucha gente en posición de centrarse en ese problema como el problema principal que enfrenta la Universidad de Puerto Rico. Aún los sectores anticapitalistas dentro y fuera de la institución centran su análisis en la intervención politiquera. Sin embargo, la UPR y el proceso de educación superior pública no se da en un vacío. Las situaciones que se dan son cónsonas con procesos en otros países. A partir de esto es pertinente que veamos la Universidad dentro del contexto histórico que se vive fuera de nuestras fronteras. Es decir, nuestros problemas no son exclusivos. Son compartidos.
En el año 2009, cerca de 250,000 estudiantes en Alemania participaron en lo que se denominó una huelga educativa. El estudiantado alemán ocupó ciudades y tomó edificios, entre otras actividades. Montados sobre la consigna “no pagaremos su crisis”, el movimiento estudiantil alemán rechazaba las políticas de austeridad impuestas sobre el sistema educativo postsecundario alemán. El interés del gobierno alemán de adaptarse a las exigencias de las políticas de la comunidad europea sobre la educación fue un detonante importante. Estas políticas implicaban la reducción de docentes, imposición de costo de matrículas (en universidades que eran libre de costo) y recortes en dinero asignado a investigación.
En el 1999, la Universidad Autónoma de México (UNAM) estuvo paralizada por cerca de un año. La razón de la huelga fue el aumento en las cuotas de inscripción de los estudiantes. Posterior al inicio de la huelga se sumaron otros reclamos. El factor catalítico, igual que en Alemania, fueron políticas de austeridad. Lo mismo sucede con el movimiento estudiantil chileno del año 2011. Los/as estudiantes chilenos/as criticaban, de manera enérgica el lucro de las universidades privadas y exigían educación universitaria gratuita y de mejores recursos. En el año 2010, cientos de miles de estudiantes del Reino Unido se tiraron a las calles del país europeo. Exigían detener los recortes presupuestarios al sistema de educación superior en Inglaterra. Argentina ha visto procesos similares. También ha sido el caso en Grecia. Es decir, lo que vivimos en Puerto Rico no es exclusivo de nuestro archipiélago ni de nuestros políticos flojos. Siendo esto así, ¿cómo lo explicamos?
El desarrollo fundamental de la Universidad de Puerto Rico se da dentro del contexto de lo que se conoció en Estados Unidos como el Nuevo Trato y el Proyecto Manos a la Obra en Puerto Rico. Este desarrollo sociopolítico estuvo ligado al surgimiento del régimen de acumulación de capital fordista. Luego de la crisis económica de la Gran Depresión, la estandarización de la producción y el consumo masivo de bienes materiales (ligado al advenimiento de derechos económicos y sociales) establecen un nuevo contrato social dentro del esquema capitalista de vida.
La universidad, tanto en Puerto Rico como en otros lugares, fue piedra angular en ese proceso. Desde esa educación fordista se crea una masa de fuerza trabajadora masificada, homogénea y de gran desarrollo técnico. También se constituye la universidad como espacio de posibilidades de mejoría económica para las capas medias y bajas de la clase trabajadora. El estado en este proceso asume la posición de redentor de estos derechos económicos. Lo que nos dejó una Universidad de Puerto Rico montada sobre la calidad, accesibilidad y prestigio.
Este proceso se resquebraja a partir de los años ‘80. Lo que había sido crisis de sobreproducción en la producción capitalista superada por el régimen fordista, se convierte en una nueva crisis en el capital: una crisis matizada por el excedente de capital. Esto da paso al desarrollo del interés leonino de inversión de capital en todas las esferas. Espacios que se habían constituido como responsabilidades colectivas asumidas por el estado, son sometidas a la lógica del libre mercado de inversión de capital. La universidad masificada, accesible, parte de un estado benefactor con responsabilidad de “redistribuir riquezas”, se sustituye por una universidad pública diezmada por el capital. Una universidad que se convierte en gasto para un régimen de acumulación que, por su flexibilidad en la producción y consumo, no necesita de la masificación de la educación. Se convierte en la educación neoliberal.
Llevamos años viendo como la Universidad de Puerto Rico, igual que en otras universidades a nivel mundial, se prioriza lo cuantitativo. La universidad dejó de ser de interés social para convertirse en interés económico. Lo que rige la evaluación de las instituciones es el análisis de costo-beneficio en la inmediatez de la acumulación capitalista neoliberal.
Nada de esto implica que la politiquería partidista no sea importante en el mal funcionamiento de la universidad. Los políticos de turno actúan dentro de este contexto. Ante un estado que se achica cada vez más dando paso a la inversión privada de capital, los políticos que viven de los beneficios de su hegemonía sobre el aparato estatal buscan maneras de mantenerse vigentes políticamente. Esto pone a la comunidad universitaria y al país en una batalla entre dos aguas. Por un lado, un capital privado neoliberal que vive de la privatización de servicios para propio beneficio. Por otro lado, una clase política dependiente del estado que busca maneras de mantenerse vigente. En medio de esas dos fuerzas nos encontramos todos/as los/as demás. Por eso nos atacan.
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Ángel Rodríguez Rivera es profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, y preside la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
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