Por Ana Carvalhaes y Luis Bonilla-Molina
A diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace 25 años con las elecciones en Venezuela – y ya van decenas desde la victoria de Hugo Chávez en 1998 – esta vez, tras la votación del 28 de julio, la amplia izquierda latinoamericana, incluida toda la base del “progresismo”, se ha dividido de arriba abajo. Un sector cada vez más pequeño, pero todavía numeroso y lleno de intelectuales, se hace eco del argumento del Foro de São Paulo [1], según el cual, para salvar a Venezuela y a la región del imperialismo estadounidense, es necesario apoyar al gobierno de Nicolás Maduro a cualquier coste. Este coste, por supuesto, incluye la posibilidad de que, a diferencia de épocas anteriores, Maduro no haya ganado las elecciones porque, después de todo, hasta ahora se ha negado a comprobar su victoria.
Según esta lógica, basada más en la geopolítica clásica que en el marxismo, no sólo todo vale, sino que es necesario para no “entregar” el poder (y el petróleo) venezolano a la “derecha”. Según esta lógica geopolítica, el hecho de que Nicolás Maduro gane o pierda las elecciones es secundario frente al imperativo nacionalista “progresista” de impedir que el imperialismo estadounidense, encarnado por el candidato opositor Edmundo González, se instale en el Palacio de Miraflores y ponga así en peligro la propiedad estatal de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), dueña de una de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Un sector de estos neomaduristas, es cierto, se concentra menos en el petróleo y más en la tragedia de reconocer la derrota de Maduro, visto como un izquierdista, en un contexto de avance de la extrema derecha en el mundo y en la región. Para todos ellos, sin embargo, no habría otra salida que apegarse a Maduro. Ni siquiera una negociación entre las dos partes de la disputa venezolana, como proponen Lula y Gustavo Petro, probablemente para buscar una división de poderes entre los dos lados, con alguna garantía para las libertades democráticas y alguna protección a la integridad de PDVSA.
La historia, los hechos no importan
A modo de recordatorio, ¿cuál es la línea que marca la diferencia entre derecha e izquierda: el discurso o la acción? Ciertamente, Maduro mantiene una gramática discursiva con verborrea de izquierda. Dice que su gobierno es una “alianza militar-policial-popular” antiimperialista y por el socialismo. Necesita legitimarse interna y externamente como sucesor de Chávez, cuando lo único que ha hecho es hacer retroceder los logros y el legado de los años de avance del proceso bolivariano. Más allá de las apariencias, lo cierto es que su política desde 2013 ha sido alentar el enriquecimiento de un nuevo sector empresarial en el país y, como Bonaparte, negociar entre las distintas fracciones de la burguesía venezolana, nuevas y viejas (con excepción de la más vinculada a la ultraderecha yanqui, que es María Corina Machado y Edmundo González) para mantenerse en el gobierno.
En una trayectoria abiertamente autoritaria, Maduro siempre ha favorecido a los sectores empresariales, en particular a los servicios de la industria petrolera, ampliamente distribuidos en la cúpula de sus fuerzas armadas y policiales. (e ahí la “alianza...”) De hecho, nunca ha dejado de favorecer a diversos sectores empresariales, viejos y nuevos, en particular a aquel de los servicios a la industria petrolera, cuyos dividendos alimentan a la nueva burguesía y una porción es distribuida a las cúpulas de sus fuerzas armadas y policiales. Más de 800 carros de alto lujo fueron decomisados solo al centenar de involucrados en la mega corrupción PDVSA-cripto descubierta en 2023, que es solo un reflejo de la situación de deterioro moral de la dirigencia gubernamental.[2]
Incluso bajo el intenso fuego de las sanciones estadounidenses contra Venezuela – que vienen de la administración Obama, pasaron por Trump y se flexibilizaron con Biden – Maduro nunca ha dado ningún paso para enfrentar al sistema financiero globalizado y sus apoyos internos. Ha venido destinando una parte sustancial del menguado presupuesto nacional a la banca privada para garantizar la venta de divisas a empresas privadas y rentistas, lo que se convierte en una política de subsidio y favorecimiento a los ricos. [3]
Al mismo tiempo (desde el decreto 2792 de 2018), prohíbe las huelgas, la presentación de reivindicaciones, el derecho de la clase trabajadora a movilizarse, la organización y legalización de nuevos sindicatos, mientras persigue y envía a prisión a los dirigentes sindicales que cuestionan las prácticas internas de las empresas, o simplemente piden un aumento salarial y un seguro de salud. Este fue el caso de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la mayor concentración del proletariado en Venezuela: tras movilizarse por salarios y beneficios entre junio y julio de 2023, fueron víctimas de una intensa represión. Leonardo Azócar y Daniel Romero, delegados sindicales, están encarcelados desde entonces [4].
El “antiimperialismo” de Maduro y su entorno no le impide ahora entregar el petróleo que necesita EE UU a través de Chevron y otras grandes empresas extranjeras (como Repsol), en un contexto en el que el Tesoro de EEUU les autoriza a extraer el oro negro venezolano, prohibiendo a sus empresas pagar impuestos y regalías a Venezuela [5]. La aceptación de estas condiciones neocoloniales muestra los límites del antiimperialismo madurista.
Las sanciones contra Venezuela se han flexibilizado con Biden (presionado por la guerra en Ucrania), pero Maduro sigue manteniendo el discurso de que todo es culpa de las sanciones, como pretexto para avanzar en un ajuste estructural que afecta fundamentalmente a quienes viven de su trabajo. En términos políticos, dentro de Venezuela, el discurso de las sanciones norteamericanas (reales, concretas y detestables) ha perdido su eficacia política frente al ostentoso y lujoso estilo de vida de quienes hoy gobiernan el país.
La clase obrera como elemento accesorio
El análisis de la situación de la clase obrera venezolana como base del análisis de izquierdas ha sido sustituido por la moda de la “geopolítica del petróleo”. Esta geopolítica binaria sólo ve la contradicción entre el imperialismo y el Estado venezolano (sin duda una contradicción importante en la realidad). No tiene suficiente dialéctica para tomar en cuenta, en un escenario de múltiples contradicciones, la situación material y política de la clase trabajadora, sus aspiraciones y opciones. Es como si se tratara de una cuestión accesoria, o de una contradicción secundaria. El “mantra” de los pro Maduro para omitir el análisis de clase es evitar que la derecha llegue al poder, ignorando que Venezuela tiene un gobierno que aplica las recetas económicas estructurales de la derecha, sólo que con retórica de izquierda. Bastaría hablar con los trabajadores (no con la burocracia patronal de la CBST) de Sidor, PDVSA, maestros y profesores universitarios para ver la terrible situación material en que viven (salario mínimo de 4 dólares mensuales, salario promedio de 130 dólares mensuales, compuesto de 80% de bonus), en medio de la peor pérdida de libertades democráticas en décadas para su organización, movilización y lucha.
Los nuevos geopolíticos del progresismo están poniendo el tema de las elecciones del 28J en la agenda de los grandes medios de comunicación internacionales (CNN, CBS y otros), sólo que en la acera de enfrente. No defienden los intereses de María Corina Machado y Edmundo González, sino los de Maduro y la nueva burguesía, con el falso axioma de que Maduro es igual a la clase obrera, sin analizar cuáles han sido las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro. Caen en la trampa del “fetichismo legal” al limitar su análisis de la situación a los resultados de las elecciones, sin cualquier criterio de clase. No se trata sólo de que Maduro y el CNE no hayan demostrado qué cuentas hicieron para darle la victoria al presidente en las elecciones del 28 de julio, sino de cómo esta situación afecta a la estructura de las libertades democráticas concretas en las que operan y sobreviven los e las trabajadoras.
Si no hay transparencia y legitimidad en las elecciones nacionales, en las que los candidatos inscritos representaban diferentes matices de los programas burgueses, es difícil pensar en restaurar las libertades democráticas mínimas que la clase obrera necesita para defenderse de la ofensiva del capital sobre su trabajo (derecho a salarios dignos, derecho a huelga, libertad de asociación, libertad de movilización, de expresión de opiniones y de organización en partidos políticos). A la clase obrera le interesa fundamentalmente cómo la situación tras el 28J permite o restringe, a corto plazo, las libertades que necesita para expresarse como clase explotada. Pero esta contradicción no entra en la lógica y el discurso de la nueva geopolítica progresista.
Omisiones y silencios comprometedores
Poco importa a estos “progresistas” que haya habido represión a la organización sindical y política de los trabajadores y el pueblo [6], ni que Maduro haya impedido que cualquier sector a la izquierda del PSUV participara en las últimas elecciones del país -¡incluso a costa de infiltrar, judicializar y atacar a la dirigencia del Movimiento Electoral Popular (MEP), el Partido Patria Para Todos (PPT), los Tupamaros y el propio Partido Comunista de Venezuela (PCV) para intervenir en él! [7] Los partidarios de Maduro no mencionan que después del 28 de julio, el gobierno intensificó la represión, ya no contra la clase media, sino principalmente contra la clase obrera, enviando a prisión a cerca de 2.500 jóvenes con una retórica de reeducación, lo que significa someterlos a vejatorios rituales públicos de lavado de cerebro.
Guardan silencio sobre la construcción de dos prisiones de máxima seguridad para quienes sean sorprendidos protestando o incitando a protestar en las redes sociales. Ignoran el encarcelamiento de varios políticos de la oposición y las amenazas directas proferidas en televisión a otros, como hizo el “ministro del martillo”, Diosdado Cabello, al ex alcalde de Caracas Juan Barreto [8], o a Vladimir Villegas, hermano de la ministra de Cultura y presidente de una comisión parlamentaria. Si la amenaza a las personalidades públicas es así, es peor en los territorios de las personas corrientes que no son figuras mediáticas. Recientemente, hemos visto el despliegue de fuerzas de seguridad vestidas de civil para amenazar a activistas, como ocurrió el sábado 10 de agosto contra Koddy Campos y Leandro Villoria, líderes de la comunidad LGBTQI en Caracas. Como vimos en los días siguientes en el tradicional bastión chavista del 23 de febrero en Caracas, donde las casas de los activistas fueron marcadas con una X de Herodes por funcionarios del gobierno para asustarlos ante la posibilidad de manifestaciones.
La izquierda geopolítica guarda silencio sobre el número de muertos tras el 28J (cerca de 25, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales), extendiendo la narrativa de que sólo fueron derechistas. Esto no sólo es falso, sino que constituye un retroceso en las conquistas de derechos humanos logradas en los períodos post-dictadura en la región.
El progresismo geopolítico replica el espejismo de un gobierno popular que ya no existe, que ha sido borrado por el transformismo y las políticas antiobreras de Maduro. Parecen pedirle a la clase trabajadora venezolana que luche por sus derechos sólo en el marco que Maduro permite, para poder alimentar, desde afuera, la utopía que no pueden construir en sus propios países. Este progresismo no ve que el crecimiento de la candidatura de derechas es el resultado de proscribir y negar la posibilidad de una alternativa por la izquierda. El éxito electoral del binomio Machado-González es en buena medida el resultado de los errores políticos del madurismo.
¿Y el petróleo?
Todos los graves hechos mencionados son considerados por los partidarios de la “victoria” de Maduro como “detalles formal-democráticos” secundarios ante el peligro de tener de nuevo a la “derecha escuálida” en el gobierno venezolano. El razonamiento está tan desprovisto de criterios de clase como de un seguimiento básico de la realidad del país.
Desde noviembre de 2022, en el marco de la guerra en Ucrania, el Secretario del Tesoro de EE UU autorizó a Chevron a explorar y exportar petróleo venezolano, con la condición de no pagar impuestos ni regalías al gobierno venezolano, lo que constituyen condiciones neocoloniales que ni siquiera se conocían en los gobiernos anteriores a Chávez y que han sido aceptadas por Maduro. Desde entonces, Venezuela ha vuelto a ser un proveedor estable de petróleo para Norteamérica. Esto explica la delicadeza de las posiciones de Biden y la larga espera de los esfuerzos de la tríada progresista Lula, Petro, AMLO (de la que AMLO se retiró la semana pasada).
Hay que tener cuidado al hablar del embargo de EE UU a Venezuela. Hay embargos y embargos. El que afectó a alimentos, medicinas y repuestos para autobuses y coches que movían al pueblo, contribuyó decisivamente al éxodo de cuatro a cinco millones de trabajadores. Pero Venezuela de los de arriba ha conseguido convertirse en el sexto proveedor de petróleo de Estados Unidos, superando a países como Reino Unido y Nigeria [9], sin que los nuevos ingresos de esa “apertura petrolera” hayan mejorado para nada las condiciones materiales de vida del pueblo.
Lo que está en juego en Venezuela es qué sector de las clases dominantes – ya sea la vieja y escuálida burguesía oligárquica o los nuevos sectores empresariales vinculados a los “militares bolivarianos”, enriquecidos bajo Maduro – controla el negocio del petróleo. Así que es una disputa por ver quién se queda con la parte del león de la renta petrolera. Cualquiera de ellos garantizará el suministro geoestratégico de petróleo a las potencias capitalistas occidentales y restringirá cada vez más la distribución de la renta petrolera al pueblo – porque eso es de la naturaleza económico social de los sectores capitalistas, en un contexto en que la naturaleza del Estado monoextractivista exportador de fósiles no ha sido tocada por el proceso bolivariano. Es ingenuo y mal informado imaginar a un Maduro con programa y coraje suficiente para enfrentar los planes imperialistas de volver a colocar en el mercado mundial el petróleo que Venezuela puede producir – va a permitir y ganar con eso. Es un enorme error, en nombre de una supuesta soberanía, que seria garantizada por Maduro, hacer la vista gorda ante la creciente tendencia autoritaria del régimen contra los trabajadores y el pueblo descontentos.
Trágico es también, dicho sea de paso, que los geopolíticos maduristas sigan creyendo que la salvación de Venezuela viene de lo que es, en realidad, su maldición histórica: su riqueza petrolera. Algo que incluso el gran desarrollista brasileño Celso Furtado, sin ser socialista ni ecologista, ya señalaba como un gran problema para el país en el que vivió en los años 50.
¿Hay salida?
Está claro que la fuerza adquirida por la oposición de derecha, que ya fue derrotada en las urnas varias veces por Chávez y una vez por Maduro, y que ahora tiene a la cabeza a su ala más extremista, la oligarca María Corina Machado, es una tragedia. Una tragedia aún mayor es el hecho de que esta extrema derecha haya podido ganar o estar muy cerca de ganar las elecciones, no hay otra razón para la insistencia de Maduro en negar los resultados y reprimir tan duramente al pueblo. Precisamente por eso, porque una solución pacífica es difícil y simplemente entregar el gobierno a este sector es difícil de digerir, el camino para evitar el “baño de sangre” con el que ambos bandos amenazan a Venezuela puede ser el indicado por los gobiernos de Brasil y Colombia: presentación de los resultados, negociaciones entre ambos lados, en primer lugar con el propio Maduro (el grupo de gobiernos se niega a dialogar y a revisar los resultados de la oposición). Si bien es posible esperar que se garanticen libertades democráticas mínimas, liberación de presos políticos, cese de la represión, amplia libertad sindical y partidaria, también es posible negociar cláusulas de protección a PDVSA.
En este momento, apoyar la salida negociada propuesta por Colombia y Brasil – que cuenta con el apoyo de Chile y el repudio, por supuesto, del dictador Daniel Ortega – es la política correcta, porque es mucho más prudente, más oportuna y mucho más favorable a los trabajadores y al pueblo del país. Esta política, en contradicción con un régimen cada vez más autoritario, que reprime a los jóvenes, a los sindicalistas y a los opositores de izquierda, es menos ingenua y burocrática que limitarse a avalar las irregularidades y arbitrariedades del gobierno. Por un lado, permite argumentar que la extrema derecha no debe trocear PDVSA y los pocos logros sociales que quedan. Por otro lado, no parte de la premisa equivocada de que Maduro y su séquito militar-policiaco burocrático-burgués garantizarán la “soberanía” venezolana sobre cualquier cosa.
Soberanía nacional y soberanía popular
El progresismo latinoamericano, al igual que el tercermundismo y la izquierda estalinista, utiliza el término soberanía amalgamando dos acepciones diferentes: soberanía nacional y soberanía popular. Por supuesto, la soberanía nacional suele ser una condición para el pleno ejercicio de la soberanía popular. El problema es que los más diversos regímenes (y movimientos de opinión), tanto progresistas como regresivos, se apropian de la defensa de la soberanía nacional frente a la presión del mercado mundial y del imperialismo.
La soberanía nacional estuvo en el centro de los movimientos anticoloniales y de independencia nacional, así como de los populismos de desarrollo nacional del siglo XX. Pero está en el centro de la defensa de dictaduras militares (como las del Cono Sur latinoamericano en la década de 1960), dictaduras teocráticas (como la de Irán), burocracias estatales y, como vemos con Modi y Trump, gobiernos de extrema derecha. Sí, la defensa de la soberanía nacional e incluso los enfrentamientos con el imperialismo pueden llevarse a cabo bajo regímenes muy regresivos. Así, la defensa de la soberanía nacional solo tiene sentido en conjunción con la defensa de la soberanía popular, la autoorganización democrática de las masas, la conquista de libertades y derechos que fortalezcan el bloque histórico de las clases trabajadoras, que pueden construir alternativas al capitalismo global y a los imperialismos que lo estructuran.
Del mismo modo, tras las experiencias estalinistas del siglo XX, no podemos identificar mecánicamente a los pueblos con sus dirigentes políticos, que pueden o no representarlos, en una relación siempre dinámica. Cuando esta relación se rompe -como se ha roto o se está rompiendo en Venezuela- las libertades democráticas se convierten en un punto de apoyo fundamental para cualquier lucha por la soberanía, tanto popular como, por cierto, nacional. Por lo tanto, no habrá fuerzas que garanticen la soberanía de Venezuela sobre su territorio y sus riquezas sin la recuperación de la soberanía popular.
¿No es importante la democracia?
Los regímenes democrático-burgueses no son el régimen al que aspiramos estratégicamente los socialistas: soñamos y luchamos por construir organizaciones democráticas de base, democracia directa, poder popular -como embriones de una nueva y más vital forma de democracia, ejercida por los trabajadores y sectores populares- en los procesos de la ofensiva revolucionaria. Pero, ¿es tan despreciable la democracia formal que nos importan un bledo las elecciones, que nos eduquen, con resultados amañados?
En un mundo cada vez más amenazado por una constelación de fuerzas de extrema derecha, la lucha es y será por mucho tiempo por la defensa de las libertades y los derechos democráticos, incluso de las instituciones de los regímenes democrático-burgueses frente a los embates de la extrema derecha – como ya lo hemos vivido con Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orbán, etcétera. ¿Cómo queda una izquierda que desprecia la democracia hasta el punto de avalar la manipulación de las elecciones, frente a los pueblos y trabajadores del mundo y en países (cada vez más) donde la lucha contra la extrema derecha es vital? ¿Cómo van a resolver esta contradicción? O ¿esta igualmente es una contradición más que no importa?
Sectores que se autodenominan de izquierdas y avalan regímenes represivos también lo están haciendo muy mal, desde el punto de vista estratégico, en el necesario proceso de construcción política, teórica y práctica de una nueva utopía anticapitalista, capaz de volver a encantar a amplias capas de la juventud, de las mujeres, de los que viven del trabajo y de los pueblos oprimidos. Una nueva izquierda anticapitalista de masas debe ser democrática, independiente y enfrentarse a modelos autoritarios, o no será.
Pero queda una pregunta que debería ser más importante que todas para cualquier militante y organización socialista en América Latina y el mundo: ¿cómo nos vemos ante los ojos y expectativas de los trabajadores, el pueblo y lo que queda de la izquierda no burocrática en Venezuela? ¿Serán abandonados a su suerte aquellos sectores a la izquierda del PSUV, o críticos ocultos dentro del propio PSUV, hoy fragmentados, perseguidos, algunos presos, muchos en plena actividad contra la represión del gobierno [10]? Por nuestra parte, apoyar sus luchas, alentar su unidad para resistir, ayudarlos a sobrevivir y respirar es la tarea internacionalista prioritaria. Todo lo demás que no les tenga en cuenta puede ser geopolítica, pero internacionalismo no lo es. Al fin y al cabo, la única garantía estratégica de una Venezuela soberana, de mejores condiciones de vida y trabajo, de reorganización y poder popular a medio plazo, está en manos de aquellos sujetos sociales y políticos que protagonizaron los años dorados del proceso bolivariano y no en manos de los sepultureros del proceso.
Notas:
[1] Amplia unión de partidos de izquierda, creada por el PT en 1990 y hoy formada por más de 100 organizaciones, entre ellas el Partido Comunista de Cuba, el partido de Ortega en Nicaragua, Evo Morales y su partido MAS en Bolivia. El Frente Amplio uruguayo lleva más de un año distanciándose de Maduro. Ahora, Lula, Petro y López Obrador han “dividido» definitivamente el bloque.
[2] Una malversación de fondos de PDVSA estimada en 15.000 millones de dólares derribó al presidente de la empresa estatal y ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el pasado mes de abril. Véase https://g1.globo.com/mundo/noticia/2024/04/09/ex-vice-presidente-de-nicolas-maduro-na-venezuela-e-preso.ghtml
[3] Sobre la política económica de Maduro y su relación con los sectores empresariales del país, ver: https://nuso.org/articulo/venezuela-elites-Maduro-fedecamaras/
[5] Estas son las condiciones establecidas por la llamada Licencia 44, con la que la administración Biden, en octubre de 2023, volvió a permitir la venta legal de petróleo venezolano a empresas privadas estadounidenses y extranjeras.
[6] Ver el artículo de Bonilla sobre el tema en: https://luisbonillamolina.com/2024/07/25/las-elecciones-presienciales-en-venezuela-del-28j-2024-una-situacion-inedita/ “El decreto 2792 de 2018 que elimina las contrataciones colectivas y el derecho a huelga, el instructivo ONAPRE que desconoce los derechos adquiridos de una parte importante de los empleados públicos, trabajadores de la educación, la salud y otros sectores, forma parte de una medida natural de contención y de una difusión de coincidencias entre la nueva y la vieja burguesía, para avanzar en acuerdos con amplios sectores del capital nacional y sus representaciones políticas.”
[7] El Partido Comunista de Venezuela fue intervenido e impedido de lanzar candidatos en agosto de 2023.
[8] Diosdado Cabello presenta un programa de televisión en el que condena a los desleales como traidores y los aplasta con un enorme martillo. No, no se trata de un cuento de realismo fantástico latinoamericano.
[9] https://www.brasildefato.com.br/2024/06/03/eua-compram-cada-vez-mais-petroleo-de-caracas-enquanto-enquanto-dificultam-vendas-venezuelanas-para-outros-paises
[10] Aquí tres de los sectores que conforman esa izquierda fuera del PSUV: https://www.aporrea.org/actualidad/n395391.html#google_vignette
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Ana C. Carvalhaes es periodista, máster en Economía Política Internacional y miembro del PSOL. Luis Bonilla-Molina es profesor universitario, pedagogo crítico y presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada.
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