Manuel Rodríguez Banchs
El título de esta sección en la revista momento crítico resulta muy atinado para describir una perspectiva que quedaba oculta en las contiendas electorales en Puerto Rico y que se ha hecho muy visible y pertinente en este ciclo electoral. La cuestión de clase no había estado tan visiblemente presente en las campañas políticas previas. Esto tiene que ver, en parte, con la organización histórica de los partidos políticos que —con la excepción del Partido Socialista Puertorriqueño— durante casi medio siglo definían su identidad partidaria exclusivamente en torno a la propuesta de cada colectivo sobre el estatus de Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista defiende la anexión a los Estados Unidos; el Partido Independentista Puertorriqueño, como indica su nombre, propone la independencia y el Partido Popular Democrático sigue siendo el defensor de la actual condición de subordinación colonial. Solo dos de estos partidos han gobernado en Puerto Rico durante los pasados 50 años: el PNP y el PPD. El Partido Popular Democrático, actualmente muy debilitado, relegado y sin pertinencia alguna en la carrera por la gobernación, fue el partido hegemónico hasta las elecciones de 1968. A partir de entonces este se ha alternado en el gobierno con el PNP mediante campañas en las que uno y otro hacían promesas sobre el estatus: desde la estadidad para los pobres hasta el Estado Libre Asociado (ELA) mejorado.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 1980, ambos partidos han impulsado programas agresivamente neoliberales. Es a este fenómeno al que nos referimos cuando decimos "bipartidismo": dos partidos que comparten el programa, la agenda y la ideología neoliberal. Podemos también decir que la violencia política, las intensas campañas anticomunistas durante la Guerra Fría y las diversas manifestaciones de persecución política contra el independentismo —tanto por las autoridades locales como por las agencias federales— han sido factores claves que ayudan a explicar el reducido apoyo que ha tenido el derecho inalienable a la independencia como alternativa. Por eso, esta articulación de la política electoral permitió que el PNP y el PPD fueran efectivos al dividir a la clase trabajadora, concentrando —en gran medida— el debate político en el tema del estatus y dejando en un segundo plano las demandas y necesidades de los sectores populares, las cuales han sido atendidas —aunque de forma parcial— retórica y materialmente desde una perspectiva clientelar y de dependencia. Esta división permitió también ocultar que estos partidos responden y representan los intereses de las clases patronales. Permitió esconder, además, que los sectores de la clase trabajadora que votan por ellos votan contra sus propios intereses.
Hay varios factores que han contribuido a que la cuestión de clase esté presente en este ciclo electoral. Por un lado, se debe a que la estructura tradicional de los procesos electorales—alrededor del estatus— comenzó a cambiar a partir del año 2012. No fue hasta las elecciones de 2020 que la política en Puerto Rico se reorganizó y aunque todavía el PNP —y el PPD en menor grado— se aferra a la vieja fórmula que insiste en tratar las elecciones de forma plebiscitaria —incluyendo otro plebiscito fatulo en la papeleta de este año—, se abre cada vez más espacio en el debate político para los issues que el estatus relegó exitosamente a un segundo plano durante décadas, convirtiéndose en el tema principal de las campañas políticas. Esto ha sido posible gracias a las intervenciones de los integrantes de las delegaciones del MVC y del PIP en la Asamblea Legislativa. Como resultado de este trabajo se logró aumentar el salario mínimo de $7.25 a $10.50 por hora y se aprobó una reforma laboral que posteriormente fue impugnada judicialmente con éxito por la Junta de Control Fiscal con el apoyo de organizaciones patronales. Cabe destacar el compromiso del compañero Rafael Bernabe con las organizaciones de la clase trabajadora, con los sectores en lucha y con la defensa del medioambiente que ha estado presente en su gestión legislativa como senador. Es precisamente por esto que su candidatura fue sacada de la papeleta por una mayoría del Tribunal Supremo y ahora va por nominación directa. A esto también ha contribuido la efectividad de nuestras portavoces en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Esto ha sido combinado exitosamente con la demanda por un proceso de descolonización que sea vinculante.
Por otro lado, aunque inicialmente solo un sindicato asumió la participación en la política electoral como parte integral de sus luchas, y aunque ha tomado más tiempo del que quisiéramos, para este ciclo electoral se ha constituido una coalición sindical amplia que impulsa la participación electoral entre la membresía de sus gremios y adopta una campaña independiente contra los partidos responsables de la crisis en la que se encuentra sumida la clase trabajadora del país. Pero, además de estos dos factores, podemos decir que han sido dos organizaciones patronales las que han traído la lucha de clases al terreno electoral en este ciclo: el Instituto de Libertad Económica (ILE) y el comité de acción política (súper PAC) Democracia es Prosperidad. El ILE es una verdadera máquina de propaganda libertaria cuyo objetivo es impulsar la adopción de políticas públicas que privilegien al capital frente al trabajo y su portavoz tiene una cruzada antiizquierda tan absurda como estridente.
El súper PAC, por su parte, se organizó, según sus líderes, para impulsar políticas de “libre mercado” y para apoyar candidatos que sean capitalistas o que defiendan el capitalismo. Cuando anunciaron su creación, aseguraron que no harían campañas negativas y que solo expresarían apoyo por candidatos que apoyaran posturas capitalistas. Mas su incursión en este ciclo electoral consistió de un ataque violento y machista contra la compañera Rosa Seguí, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana en la Alianza al Senado por el distrito de San Juan. Este sector de la clase patronal ataca a las candidaturas de la Alianza porque ven sus privilegios amenazados y porque con el aumento al salario mínimo sus ganancias se redujeron. La clase patronal es consciente del desprestigio y deterioro de los partidos tradicionales, aunque la mayoría de esa clase sigue apoyando al PNP y al PPD. No obstante hemos visto que en la medida que ese desprestigio y deterioro han seguido aumentando, la clase patronal, a través del súper PAC, ha extendido su apoyo a candidaturas del Proyecto Dignidad: el nuevo partido del capital, del mercado y la “libre empresa”, cuyo programa ofrece una versión “limpia” y autoritaria del programa neoliberal. Como hemos dicho desde el 2020, el Proyecto Dignidad no debe subestimarse: es una fuerza política que sigue ganando apoyo entre los sectores más conservadores de la derecha y sectores de la clase patronal representados por el súper PAC. Pero, aunque cuenta con el apoyo de este sector patronal, no será capaz de acumular la fuerza necesaria para competir por la gobernación en las elecciones de este año. Será capaz, aun así, de acumular suficientes votos del PPD y, sobre todo, del PNP como para tener efecto en varias posiciones.
La Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana ha desplazado al PPD en la carrera a la gobernación y es indiscutiblemente la segunda fuerza política en este momento. Este es un logro importantísimo que tampoco debe menospreciarse. La Alianza ofrece un programa abiertamente antineoliberal que defiende el medioambiente y los recursos naturales, propone ampliar los derechos de la clase trabajadora y mejorar el servicio público, se opone a la privatización, plantea enfrentar a la Junta de Control Fiscal, detener el pago de la deuda y reconoce que el estatus es un problema clave de la crisis de Puerto Rico, para cuya solución impulsa como mecanismo una Asamblea Constitucional de Estatus. La Alianza tiene entre sus posibilidades ganar la gobernación y la alcaldía de San Juan. Puede ganar municipios adicionales y lograr el segundo lugar en muchos otros, lo que le daría presencia en muchas legislaturas municipales. Puede también aumentar su bancada legislativa significativamente, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Podemos decir que la Alianza es —en este momento— la única fuerza política capaz de derrotar a Jenniffer González, romper con la continuidad del PNP en el gobierno y revertir los golpes contra la clase trabajadora.
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