Por Manuel Rodríguez Banchs
Aunque de manera diferenciada, la crisis del sistema capitalista se manifiesta a nivel global. Algunas de sus manifestaciones más peligrosas son la crisis ecológica que amenaza a la humanidad y su supervivencia en el planeta -consecuencia directa del modo de producción capitalista- y el surgimiento y eventual ascenso de la derecha autoritaria.
La crisis del sistema capitalista ha aumentado la polarización social y política. Esta polarización es también un fenómeno global. Las manifestaciones de la crisis contribuyen al desprestigio de las instituciones y de los partidos políticos responsables de las políticas que provocaron la grave situación actual. Es por esto que sectores cada vez más amplios expresan desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos tradicionales. La polarización social y política y la desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos tradicionales provoca el surgimiento de nuevas fuerzas y formaciones políticas tanto a la izquierda como a la derecha del tablero político [1]. Entre las formaciones políticas de la derecha se destacan tendencias autoritarias, fundamentalistas estridentes de la religión y del mercado.
En Puerto Rico enfrentamos directamente los efectos de la crisis climática. Las instituciones pierden legitimidad y los partidos tradicionales pierden apoyo aceleradamente. Se ha reorganizado el terreno electoral y el país se ha polarizado aún más, social y políticamente. Hemos visto el surgimiento y el auge de la novísima derecha, cada vez más extrema y radical [2]. La extrema derecha se ha cristalizado en el Proyecto Dignidad, pero esta tendencia también mantiene adeptos en los partidos tradicionales que han dominado la política desde 1968: el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).
La nueva derecha es heterogénea y contradictoria. A pesar de sus contradicciones y de su heterogeneidad, comparte un programa, que es también impulsado internacionalmente. Por su carácter heterogéneo coexisten en la derecha corrientes conservadoras, fundamentalistas religiosas y de mercado, posfascistas, libertarias, anarcocapitalistas y neoliberales progresistas [3]. Esta última adopta el programa económico y fiscal, pero se distingue de otras corrientes al defender los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTTQi+.
Esta amalgama de corrientes de la derecha comparte la oposición a todo lo público y el rechazo de todo lo colectivo. Tienen en común la oposición a cualquier mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora, como el establecimiento del salario mínimo y su ajuste según aumenta el costo de vida, se oponen a los derechos y las libertades democráticas para las mayorías como la organización sindical y la negociación colectiva, impulsan la eliminación de los servicios y la asistencia social como los programas de compensación por desempleo y de asistencia nutricional, rechazan los servicios públicos y promueven su privatización, se oponen también a cualquier medida de protección del medioambiente bajo el argumento que limita sus derechos de propiedad.
Estas políticas golpean duramente y empobrecen a amplios sectores asalariados a la misma vez que contribuyen a que la clase patronal siga aumentando su riqueza y su poder. La clase patronal se opone consistentemente a cualquier medida que mejore las condiciones de vida de la clase trabajadora. El gobierno ha estado al servicio de los sectores patronales. Pero ha sido, paradójicamente, la adopción de las políticas impulsadas por estos sectores las que han provocado el desprestigio, el deterioro y la pérdida de apoyo de los partidos que han gobernado -y dominado la política puertorriqueña- durante más de cincuenta años.
De ese desprestigio y pérdida de apoyo de los partidos tradicionales es consciente la clase patronal. Aún así, la mayoría de la clase patronal sigue apoyando al PNP y al PPD. Pero si el desprestigio y el deterioro de esos partidos sigue aumentando esta situación podría cambiar. Han surgido nuevos proyectos que aparentan ser independientes de los partidos tradicionales, pero que aún apoyan algunas de sus candidaturas. Dos de esos proyectos de la extrema derecha en Puerto Rico son el Instituto de Libertad Económica y el comité de acción política Democracia es Prosperidad. El primero es una verdadera máquina de propaganda libertaria cuyo objetivo es impulsar la adopción de políticas públicas que privilegien al capital frente al trabajo. El segundo es también una máquina de propaganda que tiene como objetivo intervenir en las elecciones de 2024 apoyando candidatos que “crean en el libre mercado, lo defiendan abiertamente y sean capitalistas”.
Ante este panorama el Proyecto Dignidad se presenta como el nuevo partido del capital, del mercado y la “libre empresa” y ofrece una versión “limpia” y autoritaria del programa neoliberal. Lo cierto es que en Puerto Rico enfrentamos la ofensiva de los sectores patronales y estamos viviendo las consecuencias de más de cuarenta años de neoliberalismo.
La nueva derecha tiene además una presencia importante en los medios de comunicación tradicional, en las redes sociales y en otros sectores con influencia sobre la opinión pública. Incluso, los dominan. La mayoría de los programas de análisis y comentarios comparten en sus líneas editoriales la misma ideología: ante la mala administración pública, se presenta como la única alternativa la privatización, se generaliza la idea de lo público, del gobierno y de la política como algo negativo mientras se exige mano dura contra cualquier manifestación de resistencia, se favorece la toma de decisiones por instituciones privadas y se promueve la competencia como la mejor manera de organizar la actividad económica. Según esta orientación, los organismos de política económica, monetaria y fiscal deben ser independientes de los cuerpos electos. Asumen el discurso de la medicina amarga, necesaria según ellos para superar los males de la indisciplina fiscal y expresan simpatías hacia estructuras no electas como la Junta de Control Fiscal, que pueden imponer políticas de austeridad -medicina amarga- sin estar sujetas al electorado.
En Puerto Rico enfrentamos una coalición de sectores de la clase patronal y de sectores religiosos fundamentalistas que cuenta con tres partidos a su servicio y que combina la ideología neoliberal con un programa moral y socialmente reaccionario. Una coalición que es además furiosamente anti-izquierda, por lo que ha revivido todo el discurso anticomunista típico de la guerra fría, incluso al interior de esfuerzos amplios progresistas. Es frecuente escuchar a muchas personalidades en podcasts y en medios de comunicación tradicional -algunas con cierto prestigio y con reputación más o menos progresista- adoptar el discurso contra la izquierda, lanzar llamados vacíos a la moderación y frecuentes acusaciones de autosabotaje. Sin embargo, el verdadero sabotaje es provocado por esas voces que están en gran medida contaminadas por esta ideología y que han cedido al chantaje de esa coalición de sectores de la clase patronal y de sectores religiosos fundamentalistas. Sin darse cuenta, se han convertido en el ala moderada de la derecha y sin quererlo su discurso beneficia al PNP, al PPD y en menor grado, también al Proyecto Dignidad.
A pesar de toda la propaganda y de la debilidad y fragmentación de los sectores en lucha, la ofensiva patronal no ha estado exenta de resistencias de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. Ha habido momentos en la lucha de clases de grandes movilizaciones y de duras tensiones [4]. Estas tensiones engendran tendencias autoritarias. También hemos visto el reagrupamiento de los sectores progresistas. La Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana es un ejemplo alentador. La Alianza tiene grandes posibilidades en las elecciones de noviembre, a pesar de toda la ofensiva antidemocrática que ha enfrentado: una campaña de lawfare [5], demandas estratégicas por difamación [6], la ilegalización de la coalición electoral [7], la descalificación de ciertas candidaturas [8] y la máquina de fango produciendo mentiras y propaganda en su contra [9]. La Alianza tiene el potencial de convertirse en la alternativa democrática contra la tendencia autoritaria de la nueva derecha en Puerto Rico.
Estamos en un período de transición cuyos resultados aún desconocemos. En la coyuntura actual podemos hacer que la Alianza avance y con ella impulsar la defensa de nuestros derechos y libertades democráticas ante la amenaza de la derecha autoritaria. Podemos impulsar un programa que sea capaz de enfrentar el cambio climático y revertir el retroceso producido por más de cuarenta años de políticas neoliberales en Puerto Rico. Pero también puede darse un giro a la extrema derecha que puede lanzar al país hacia la catástrofe. En esta coyuntura ambos escenarios son posibles. La lucha de clases es el motor del cambio social. Tenemos que impulsar también la unidad en las luchas sociales y la unidad en el terreno electoral. Necesitamos seguir dando la lucha política e ideológica, sin ceder a los chantajes de la derecha, ni extrema ni moderada. Sabemos por la experiencia que enfrentaremos nuevamente las trampas electorales. Debemos impulsar constantemente la movilización, particularmente en este período para defender los votos de la Alianza, pero para lograr los cambios propuestos será necesario construir un Frente Único que trascienda la lucha electoral.
Notas
[1] Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2018
[3] Ver de Nancy Fraser El final del neoliberalismo progresista, en el siguiente enlace hay una versión traducida al español: https://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista y puede consultarse el texto original en el siguiente enlace: https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser/
[4] Basta mencionar la jornada del verano del 2019.
[6] Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) son pleitos judiciales presentados por individuos, empresas y entidades contra activistas y críticos para disuadirlos de continuar produciendo lo que consideran publicidad negativa. Por definición, las demandas SLAPP no tienen ninguna base legal.
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