Por Dianne Feeley
Nota editorial de momento crítico:
Compartimos el artículo más reciente de la compañera Dianne Feeley publicado en Against The Current, 230 mayo-junio 2024, en el que nos ofrece un panorama de las consecuencias de la revocación de Roe v. Wade en los Estados Unidos y repasa la legislación federal que obstaculiza el derecho a la autonomía corporal. Nos advierte sobre el impacto desolador de las acciones de los grupos antiaborto y la derecha para seguir limitando su acceso. Cuando comparamos lo que está ocurriendo en los diferentes estados y los riesgos a nivel federal en los Estados Unidos con las intentonas de los grupos antiaborto y la derecha política en Puerto Rico, son evidentes las estrategias comunes. Por eso es necesario redoblar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, del acceso al aborto y a servicios de salud dignos, y del derecho a la autonomía corporal de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico.
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Las fuerzas antiaborto consideran aborrecible el aborto en cualquier circunstancia. Sin embargo, desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó la sentencia Roe v. Wade en 1973, el ala pragmática trabajó para al menos limitar su acceso. Esto ha incluido aprobar leyes que deniegan a las mujeres pobres la cobertura de Medicaid, exigir un periodo de espera y la difusión de información inexacta, requerir el consentimiento por escrito de los padres para restringir el acceso a las menores de edad, establecer requisitos innecesarios para el personal médico y las clínicas, y denegar la ayuda extrangera estadounidense a cualquier centro de servicios de salud que ofrezca información del procedimiento.
Junto con la legislación, los activistas antiaborto se han movilizado en las clínicas donde se practican la mayoría de los abortos. Han intentado cerrarlas, intimidando al personal de las clínicas e incluso asesinando a médicos.
Pero la iniciativa más importante que ha creado la derecha son los 2,000 centros de crisis de embarazo [CPC, por sus siglas en inglés] que engañosamente atraen a las desprevenidas ofreciéndoles servicios gratuitos, como pruebas de embarazo y ecografías.
Este año está previsto que 16 estados aporten 250 millones de dólares de las contribuciones a estos centros, en su mayoría no regulados, a menudo patrocinados por iglesias, donde el personal religioso trata de persuadir a las mujeres para que continúen con su embarazo. Afirman que el aborto provoca depresión o cáncer de mama, sugieren la adopción como alternativa y ofrecen pañales gratis.
Tras la sorprendente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2022, según la cual quienes desean interrumpir su embarazo no tienen derecho a hacerlo en virtud de la Constitución estadounidense, se esperaba que la lucha se trasladara a los distintos estados. Posteriormente, 15 estados han prohibido el aborto y otros siete han impuesto restricciones al procedimiento —por ejemplo, prohibiendo los abortos después de las seis semanas—que habrían sido ilegales según Roe v. Wade.
La última sentencia es la del Tribunal Supremo de Arizona, que restablece una estricta ley antiaborto, ¡aprobada mucho antes de la creación del estado! Bastante interesante es el hecho de que tanto el gobernador como el fiscal general del estado se oponen a la ley.
Al menos 60 clínicas que practican abortos han cerrado desde junio de 2022. En algunos estados donde las clínicas han permanecido abiertas para prestar otros servicios relacionados con el embarazo, las leyes prohíben al personal dar siquiera una referencia a quienes buscan abortar.
Lo cierto es que la lucha por la justicia reproductiva continúa tanto a nivel federal como estatal. Lo que la derecha desea es una ley federal sobre la vida desde la concepción que confiera la condición de persona a los óvulos fecundados. Hace dos años, hubo 167 republicanos en la Cámara de Representantes que copatrocinaron el proyecto de ley. Sin embargo, dado que la fecundación in vitro (FIV), un procedimiento ampliamente apoyado, implica óvulos fecundados, la aprobación del proyecto de ley es un problema para los antiabortistas de línea dura. La legislatura de Alabama se apresuró a aprobar un proyecto de ley para que las clínicas de fecundación in vitro no se vieran afectadas por sus estrictas medidas contra el aborto.
Un proyecto de ley más pragmático sería una prohibición federal de los abortos después de las 15 semanas. Aunque Donald Trump se abstuvo de apoyar más legislación federal contra el aborto, si vuelve a ser elegido presidente, estas fuerzas esperan que firme un proyecto de ley de este tipo.
Este artículo se ocupará de la legislación federal que actualmente obstaculiza el derecho a la autonomía corporal, que es una cuestión central para los derechos LGBTQ + también. Otro artículo, “Abortion Rights After Dobbs: The State of the Struggle”, de Johanna Brenner, en el sitio web de Against The Current, se centra en la legislación estatal y las sentencias judiciales.
La hipócrita “medicina hipocrática”
Poco después de la decisión del caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, un grupo de médicos antiabortistas pertenecientes a la Alianza por la Medicina Hipocrática [Alliance for Hippocratic Medicine], buscaron un juez que consideraban simpatizante de su causa. Eligieron al conocido juez federal antiabortista Matthew Kacsmaryk. Pidieron al tribunal que prohibiera la mifepristona, uno de los dos fármacos utilizados en al menos el 63% de los abortos practicados en Estados Unidos.
Su demanda sostenía que la mifepristona era insegura y provocaba embarazos incompletos, presentando varios estudios para respaldar su afirmación. Esto les condenó a completar un procedimiento que consideraban moralmente incorrecto.
El juez Kacsmaryk falló obedientemente a su favor. Aceptó como válidos tanto los estudios citados, que posteriormente se han considerado inválidos, como el argumento de que tenían legitimación en el caso porque serían ellas las que llevarían a cabo el procedimiento.
Cuando esta decisión escandalosa y de impacto considerable se llevó al conservador Quinto Circuito del Tribunal de Apelaciones de EE. UU., los jueces aceptaron también los argumentos de los médicos. Sin embargo, no dictaminaron que el fármaco debía prohibirse, sino que simplemente se remontaron a su aprobación inicial de 2000. Entonces, la FDA exigió que los medicamentos se recetaran en persona. (El lema de la derecha es que si no puedes impedir el procedimiento, al menos intenta que sea más caro y, por tanto, de más difícil acceso).
El procedimiento de dos fármacos, aprobado por la FDA para el primer trimestre de embarazo, consiste en mifepristona (que bloquea la hormona progesterona necesaria para que continúe el embarazo) seguida de misoprostol (que provoca el vaciado del útero).
Las clínicas —760 de las cuales practican exclusivamente abortos con medicamentos— han informado de que más de cuatro millones han recurrido al aborto con medicamentos para interrumpir su embarazo. Dado que estos fármacos también son seguros cuando se encargan individualmente a través de un sitio web y se autoadministran, su uso es sin duda mucho mayor. Es evidente que los hospitales no se han visto inundados de abortos incompletos.
Estudios científicos concluyeron que más del 99% de los abortos con medicamentos no han requerido hospitalización. Sobre esa base, la FDA actualizó sus procedimientos en 2016 y 2021, permitiendo a las pacientes recibir los medicamentos a través de la telemedicina o por correo.
El Tribunal Supremo de EE. UU. suspendió la orden del Tribunal de Distrito y aceptó el caso. El 26 de marzo de 2024 escuchó los alegatos orales; se espera una decisión en junio. En la vista, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos sobre la legitimación de los médicos antiabortistas, así que la pregunta sigue en el aire: ¿por qué se molestaron en aceptar el caso? Incluso una sentencia que abriera una vía intermedia —entre la prohibición del uso de la mifepristona y la actual norma de la FDA que permite el envío por correo de las píldoras prohibidas— significaría que los tribunales estaban desafiando la autoridad de la FDA.
Ignorar los estudios científicos y hacer retroceder los protocolos de la FDA al año 2000 inundaría el sistema judicial con casos que cuestionarían las decisiones de la FDA no sólo sobre la mifepristona, sino sobre otras normas de seguridad de alimentos y medicamentos. Ciertamente, la derecha podría acoger con satisfacción una medida para debilitar la normativa, pero el Tribunal podría retraerse de desatar semejante caos.
El objetivo en este caso es la mifepristona, no el segundo fármaco, el misoprostol. La mifepristona también se utiliza para el tratamiento médico de los abortos espontáneos, mientras que el misoprostol se emplea para tratar las úlceras gástricas y las hemorragias posparto.
Si la FDA se viera obligada a retirar la mifepristona, el misoprostol tomado por sí solo provocaría un aborto seguro, especialmente durante las primeras fases del embarazo. De hecho, muchos países utilizan misoprostol solo, lo que hace que el aborto sea un poco más doloroso pero sólo ligeramente menos eficaz.
Durante la vista, el juez Kacsmaryk mencionó repetidamente la Ley Comstock, aprobada en 1873, como posible vía para detener la distribución por correo de mifepristona. La ley se aprobó originalmente para impedir el envío por correo de material “obsceno”. También se utilizó para perseguir a quienes publicaban anuncios sobre el aborto en los periódicos del siglo XIX.
Pero también sirvió para impedir que médicos y enfermeras se informaran sobre la distribución de información anticonceptiva. La ley fue impugnada en repetidas ocasiones por el movimiento de control de la natalidad en los Estados Unidos de principios del siglo XX.
En 1936, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de EE. UU. dictaminó que la ley no se aplicaba a los médicos; cayó en desuso, pero nunca fue derogada. (Véase “Strange Career of the Comstock Law”).
La realidad es que las leyes que prohíben o bloquean el acceso al aborto no erradican la práctica. De hecho, el año pasado el sistema sanitario estadounidense registró algo más de un millón de abortos. A pesar de todas las restricciones aprobadas desde la sentencia del caso Dobbs, en 2023 se registró el mayor número de abortos desde 2011, un aumento de un 10% respecto a 2020.
Ahora la derecha sueña con sacar la Ley Comstock de la naftalina y añadirla al arsenal de medidas federales contra el aborto utilizadas para bloquear la lucha por la autonomía corporal. Pero de todas esas leyes, probablemente la más importante sea la Enmienda Hyde. Aprobada por primera vez en 1977, impide el uso del dinero federal de Medicaid para servicios de aborto. Con un Congreso dominado por republicanos o demócratas, la enmienda se renueva cada año. En la actualidad, sólo 16 estados destinan fondos de Medicaid al aborto.
Lamentablemente, incluso después de que se añadiera la libertad reproductiva a la Constitución de Michigan, la legislatura no consiguió restablecer Medicaid estatal para el aborto. Esta ley, aparentemente neutral, discrimina a las mujeres pobres y afecta de forma desproporcionada a las mujeres de color. Se justifica por su prudencia fiscal, ocultando la realidad de que necesitamos una asistencia sanitaria universal y de calidad. El hecho de que la Enmienda Hyde sea una disposición federal proporciona cobertura a los legisladores estatales.
Otra ley federal prohíbe un procedimiento concreto para interrumpir embarazos en fase terminal. Aprobada en 2003, la llamada “Ley de Prohibición del Aborto por Parto Parcial” prohíbe a los médicos utilizar intencionadamente la cirugía de “dilatación y extracción intacta”.
Cinco años después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró constitucional la ley. Aunque este procedimiento se utilizaba en menos del uno por ciento de todos los abortos, la prohibición fue un triunfo para la derecha porque se centraba en la posibilidad de que se extrajera un feto vivo.
Antes de su aprobación, los testimonios de mujeres que se habían sometido a este procedimiento hablaban de las graves anomalías fetales que las llevaron a tomar la decisión de abortar en una fase tan avanzada del embarazo. Muchas hablaron del trauma al que se enfrentaron al optar por interrumpir el embarazo antes que sufrir graves problemas de salud o dar a luz a un mortinato.
El debate desde Dobbs
La consolidación de hospitales y la falta de atención médica integral también bloquean el acceso a la atención reproductiva. Más de la mitad de los hospitales rurales han cerrado sus unidades de maternidad, obligando a la gente a desplazarse distancias más largas para recibir atención prenatal, durante el parto, posparto o para abortar. Esto puede ser una molestia para un embarazo “típico”, pero cuando surgen complicaciones graves, es un factor crítico.
Estos desiertos de atención materna no están preparados para las complicaciones —a pesar de que las tasas de mortalidad materna e infantil son altas y cada vez más altas. En 2018, la tasa de mortalidad materna fue de 17.4 por cada 100,000 nacidos vivos, pero aumentó a 32.9 muertes tres años después.
Por supuesto, las mujeres negras e indígenas tienen tasas de dos a cuatro veces más altas que las mujeres blancas. Si a estas cifras se añade el creciente número de embarazos de alto riesgo, está claro que la sanidad estadounidense va en la dirección equivocada.
Mientras el gobierno de Biden afirma que la Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto debe proteger a los hospitales y médicos que interrumpen un embarazo en circunstancias de emergencia, estados como Texas e Idaho luchan contra esa interpretación.
Las recientes actuaciones del fiscal general de Texas, Ken Paxton, precisamente muestran cómo el Estado puede utilizar su poder para intentar impedir que una persona obtenga la ayuda que necesita cuando un embarazo se complica.
Sabiendo que llevaba un feto no viable, y acudiendo a urgencias por calambres y pérdida de líquido, Kate Cox, residente en Texas, solicitó el derecho a abortar por motivos de salud.
Aunque la juez de distrito del condado de Travis, Maya Guerra Gamble, falló a su favor, Paxton recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo de Texas. También escribió a los hospitales en los que el médico de Cox tenía privilegios de admisión, alegando que podrían ser procesados si permitían el aborto. Paxton desestimó el fallo de Gamble, alegando que no estaba médicamente cualificada, ¡como si algún juez o abogado lo estuviera!
Cox, embarazada ya de más de 20 semanas, decidió abortar en Nuevo México en lugar de esperar a la sentencia. Al final, el Tribunal Supremo de Texas anuló la sentencia de Gamble, alegando que la vida de Cox no corría peligro, sólo su salud.
La lucha por la autonomía corporal significa eliminar las restricciones que impiden las decisiones de las personas y proporcionarles apoyo institucional. En su lugar, tenemos las horrendas historias de Kate Cox y Brittany Watts.
Brittany Watts estaba embarazada de 21 semanas cuando rompió aguas y acudió a un hospital de Warren (Ohio) en busca de ayuda. El hospital católico sabía que el feto era inviable y convocó a su comité de ética, pero falló en no informar a Watts sobre su proceso. Los registros del hospital muestran que cuando ingresó por primera vez sangraba, tenía una rotura prematura de membranas y un recuento elevado de glóbulos blancos.
Tras ocho horas de espera, y en contra del consejo médico, Watts decidió irse a casa. Volvió al día siguiente, esperó 11 horas más para ser atendida y se sometió a una segunda revisión. Esa noche abortó en el cuarto de baño, y al día siguiente volvió al hospital para recibir atención médica.
El hospital llamó a la policía, que acudió a su domicilio para localizar el feto. Posteriormente fue acusada de maltrato de un cadáver, delito que se desestimó cuando el gran jurado se negó a acusarla.
Aunque el personal del hospital, la policía y el fiscal creían que estaban haciendo su trabajo, la mayoría de las personas que se enteran del caso se escandalizan por el trato inhumano dado a una mujer afroamericana que buscaba ayuda.
Afortunadamente, Watts no sufrió una hemorragia ni sepsis que le provocaran la muerte, sino que se defendió de la estupidez y brutalidad de los médicos. Todas las instituciones y las personas que trabajaban en ellas le fallaron. Incluido el comité de ética, que tenía tanto miedo de equivocarse y poder enfrentarse ellos mismos a cargos penales que ni siquiera se molestaron en hablar con ella.
Brittany Watts, humillada y criminalizada por el Estado por buscar atención médica, hizo valer el derecho a controlar su propio cuerpo. Mientras la derecha trata de ilegalizar el aborto mintiendo sobre lo peligroso e inmoral que es, las historias de Kate Cox y Brittany Watts revelan la necesidad de acabar con la práctica de juzgar las decisiones médicas de otras personas.
Estas historias ilustran cómo la lucha por el aborto no está desconectada de toda una serie de cuestiones que conectan a los seres humanos entre sí. No es necesario crear cientos de leyes que regulen el aborto: basta con el acceso a una buena atención médica. Como nos recuerda el lema: “Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro derecho a decidir”.
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Traducción al español del inglés por Natalia Santos Orozco.
Dianne Feeley es editora de Against the Current. Es trabajadora del automóvil jubilada que participa activamente en Autoworker Caravan, una red de personas trabajadoras del automóvil en activo y jubiladas que abogan por la democracia sindical y por una industria del transporte que no utilice combustibles fósiles. También participa activamente en Detroit Eviction Defense.
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