En relación a reunión del Foro en Brasilia, del 29 de junio al 2 de julio 2023
[Nota de la Junta Editorial. Compartimos una carta dirigida a los partidos y organizaciones del Foro de Sao Paulo firmada por un grupo de personas que fueron presos políticos, han sido desterrados y privados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Denuncian las “atrocidades del régimen de terror de Nicaragua, que a diario viola todas las libertades ciudadanas, aniquila la democracia y la justicia y somete al pueblo a opresión peor que la impuesta por la anterior dictadura”. Entre las personas que firman la carta se encuentran Sergio Ramírez, escritor que formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y fue vicepresidente desde 1985 hasta abril de 1990; la también escritora Gioconda Belli; la historiadora Dora María Téllez y Mónica Baltodano, ambas excomandantes guerrilleras y el economista y excomandante de la Revolución, Luis Carrión Cruz, entre otros.]
Los firmantes de esta carta, participantes de la lucha contra la dictadura somocista y de una revolución admirada, que despertó tantas esperanzas en el mundo; identificados con los ideales democráticos y justicia social logrados por la izquierda democrática, instituciones y fuerzas progresistas, acudimos a los partidos y organizaciones del Foro de Sao Paulo para denunciar el régimen de terror de Nicaragua, que a diario viola todas las libertades ciudadanas, aniquila la democracia y la justicia y somete al pueblo a opresión peor que la impuesta por la anterior dictadura.
Daniel Ortega y lo que queda del Frente Sandinista se presentan como de izquierda y antiimperialistas, pero, lejos de ese discurso proclamado, ya desde hace muchos años iniciaron un proceso de abandono de principios, que pasó por corrupción, alianzas con la peor derecha del país, fortalecimiento de un modelo neoliberal que aumenta las ya enormes desigualdades y miseria de la población, concentración del poder político y económico en su familia y allegados.
En abril 2018, después que fuerzas de choque agredieran a ancianos que protestaban contra las reformas a la seguridad social, grupos de estudiantes universitarios se tomaron las calles y los campus universitarios, siendo reprimidos a balazos por policías, que en tres días asesinaron 56 personas, crímenes verificados por organismos de DDHH llegados en mayo al país, los primeros desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007. Los manifestantes se movilizaron de forma masiva, demandando democracia, justicia, reformas electorales y la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa la vicepresidente Rosario Murillo; levantaron barricadas y tranques en las vías, derribados, semanas después por fuerzas policiales y paramilitares en la llamada “Operación Limpieza” La CIDH documentó que en estas operaciones, los muertos aumentaron a 355, hubo 2.000 heridos, 770 prisioneros que enfrentaron procesos judiciales sin garantías y más de 200 mil refugiados.
A la narrativa del gobierno de que todo fue un “fallido golpe de estado financiado por el imperialismo norteamericano” se le contraponen informes contundentes de organismos internacionales, que documentaron y denunciaron las innumerables violaciones de derechos humanos y apuntaron crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses, informes ratificados recientemente por el Grupo de Expertos nombrado por el Consejo de DDHH de la ONU. (Ver informe) i
Desde entonces, Nicaragua vive de hecho en Estado de Sitio, sin libertad de movilización, reunión, organización, expresión, información ni asociación. Fueron clausurados todos los partidos políticos de oposición, medios independientes, más de 4.300 organizaciones civiles que defendían diversos derechos (feministas, ambientalistas, gremiales, diversidad sexual, niñez, comunitarias y centros que atendían ancianos y desvalidos). Numerosos centros fueron invadidos, convertidos en oficinas gubernamentales y confiscados sus bienes, incluido el edificio de La Prensa, diario con 96 años de existencia que resistió a anterior dictadura. Y se llegó al extremo de cerrar la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia de Ciencias de Nicaragua y hasta la Cruz Roja Nicaragüense.
En 2019, mediante una Ley de Amnistía (que dejó impunes numerosos crímenes cometidos por el Estado), fueron liberados muchos presos políticos. Esto generó la expectativa que, en 2021, año electoral, se cumplieran acuerdos asumidos en el diálogo de 2019, que se integrara un Consejo Electoral independiente y se realizaran elecciones con garantías.
En junio 2021, el régimen ordenó la captura de todos los candidatos de la oposición y decenas de líderes políticos, sociales, comentaristas y periodistas. Para perpetuarse en el poder, Ortega usó la táctica somocista, eliminando la oposición y realizando una farsa con aquellos que aceptaron hacerle el juego. Fue así como en 2021 se proclamó electo por tercera vez consecutiva atribuyéndose el 75% de los votos y en 2022, se adjudicó el 100 % de las alcaldías. Organismos especializados calcularon la abstención en más del 80%.
En 2022, el Estado policial continuó profundizándose en el país y los más de 300 presos políticos permanecieron en condiciones de violación de sus derechos elementales y de tortura: incomunicados, sin visitas regulares, sin lectura, escritura y ninguna forma de distracción. Condiciones extremas de aislamiento fueron aplicadas a la heroína Dora María Téllez y la feminista Tamara Dávila. Sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez también fueron encarcelados. El general en retiro Hugo Torres, héroe de la lucha sandinista, murió como como preso político.
Ningún preso político cedió a coacciones y chantajes. La presión nacional e internacional por la libertad de todos fue decisiva para que el 9 de febrero de 2023, Ortega y Murillo excarcelaran a 222 personas y los enviaran a Estados Unidos. El mismo día, de forma inconstitucional y neofascista, los despojaron de su nacionalidad. Al día siguiente, al negarse a ser desterrado, el obispo Álvarez fue condenado a 26 años y encerrado en celda para reos de alta peligrosidad.
Seis días después, a 94 nicaragüenses más les arrebataron la nacionalidad y sus derechos políticos, fueron declarados traidores a la patria y prófugos de la justicia, y expropiados de sus bienes y pensiones de jubilados, entre ellos, escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, periodistas como Carlos Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez, defensores de DDHH como Vilma Núñez, excomandantes como Luis Carrión y Mónica Baltodano y feministas como Sofía Montenegro.
La represión contra la iglesia católica es demencial y evidencia que la voluntad es eliminarla de Nicaragua. Esto ha ocasionado decenas de sacerdotes exiliados, incluidos 18 desnacionalizados. Les confiscaron todos sus bienes y medios de comunicación, anularon sus organizaciones de apoyo social, expulsaron órdenes religiosas y ocuparon escuelas parroquiales. Además de espiarlos, prohibieron sus celebraciones y bloquearon las cuentas bancarias de todas las Diócesis.
Cinco años después, el mentiroso relato de “intento de golpe de estado”, usado por Ortega y Murillo, está desvirtuado. Ortega es el peor de los dictadores neoliberales. Con sus políticas y agresiones intentan atornillarse en el poder y heredarlo a sus hijos, como hicieron los Somoza. Nada justifica seguir padeciendo su represión.
Es por eso que solicitamos a los partidos y organizaciones que integran el Foro de São Paulo que denuncien y condenen el régimen de terror que se vive en Nicaragua, que es incompatible con los principios de una izquierda que pretende ser alternativa frente a las injusticias del mundo en que vivimos. No se puede ser antiimperialista aniquilando a toda la sociedad civil y suprimiendo todas las libertades. Solo pedimos que alcen su voz en favor de los derechos humanos en Nicaragua y por los restantes 70 presos políticos, y que quienes son gobierno también lo hagan en los organismos donde tienen representantes, como Naciones Unidas, la OEA y el CELAC.
Los aquí firmantes somos parte de los expresos políticos que estuvimos casi dos años en prisión, somos parte de quienes hemos sido desterrados, privados de nuestra nacionalidad y reprimidos por el régimen orteguista por denunciar sus atrocidades.
10 de junio del año 2023. Desde el exilio firmamos:
Sergio Ramírez Mercado Ex Vicepresidente de la República- Escritor - Desnacionalizado
Gioconda Belli Poetisa. Desnacionalizada.
Dora María Téllez Ex comandante Guerrillera. Historiadora-Ex prisionera y desnacionalizada
Luis Carrión Cruz Ex Comandante de la Revolución. Economista - Desnacionalizado
Mónica Baltodano Ex Comandante Guerrillera. Cientista Social. Desnacionalizada
Ernesto Medina Ex Rector de la UNAN León – Desnacionalizado
Carlos Fernando Chamorro Periodista. Director de Confidencial y Desnacionalizado
Sofía Montenegro Periodista y Feminista - Desnacionalizada
Oscar René Vargas Escritor, Sociólogo y Economista – Ex prisionero y Desnacionalizado
Julio C. López Campos Ex Director de RRII FSLN, Politólogo - Desnacionalizado
Azahalea Solís Abogada Constitucionalista y Feminista - Desnacionalizada
Irving Larios Ex prisionero - Economista - Desnacionalizado
Héctor Mairena Abogado – Desnacionalizado
Patricia Orozco: Periodista y feminista. Desnacionalizado
Haydeé Castillo:
Cientista Social. Defensora de DDHH. Desnacionalizada
i INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIOLACIONES A DDHH EN NICARAGUA
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