Por Rafael Bernabe
El Senado de Puerto Rico recién aprobó una medida que golpea los derechos democráticos. Golpea, sobre todo, los derechos de las mujeres jóvenes. Debemos asegurarnos de que esta medida no sea aprobada por la Cámara de Representantes.
El Proyecto del Senado 495 establece que las menores de 15 años no podrán terminar un embarazo no deseado, es decir, no podrán ejercer su derecho al aborto, sin el consentimiento de al menos uno de sus padres o tutores legales. Además, al menos un padre un tutor debe estar presente cuando se realice el procedimiento. Además, tendrá que hacerse un referido al Departamento de la Familia. Expliquemos rápidamente por qué rechazamos esta medida.
Recordemos, para empezar, que el derecho al aborto no obliga a nadie a hacerse un aborto. Si una persona está en desacuerdo con el aborto, por la razón que sea, no se realizará ese procedimiento. Se trata de reconocer el derecho de la mujer a decidir si lleva a término o interrumpe un embarazo no deseado. Es parte del control que cada persona debe tener sobre su cuerpo y de la posibilidad de tomar las decisiones personales que más directa e intensamente afectan su vida.
En los casos en que una joven menor de 15 años quiera completar un embarazo no deseado, el Proyecto 495 no tiene consecuencias.
En el caso de una joven que desea practicarse un aborto y sus padres o tutores están de acuerdo, la medida no impide que se lo realice, aunque si la obliga a comunicar una situación que puede no querer comunicar a otras personas.
Pero el problema mayor viene en el tercer caso: en el caso de una joven que no desea completar un embarazo no deseado, la medida establece que los padres o tutores pueden
obligarla a completarlo. Repetimos: se podrá obligar a la joven a completar un embarazo que no desea completar. La maternidad será, en este caso, una imposición. Pero la maternidad siempre debe ser voluntaria, nunca una imposición, mucho menos un castigo.
Imaginemos que alguien dijera que, si los padres prefieren un aborto, entonces la menor de edad tendrá que realizárselo. Seguramente los proponentes del proyecto 495 se opondrían y dirían que los padres no pueden imponer la decisión de abortar a las menores. Y tendrán razón: no se les puede imponer tal decisión. Pero, por lo mismo, tampoco se les puede imponer la decisión opuesta de completar el embarazo. Y eso es lo que el proyecto 495 hace: permite esa imposición.
La medida será particularmente dañina en el caso de las jóvenes que viven en familiar con las cuales tienen relaciones tensas o problemáticas, marcadas por la intolerancia o situaciones violentas. Tener que informar sobre embarazos no deseados para realizarse un aborto, como dispone esta medida, las expondrá a peligros que debieran evitarse. Por otro lado, algunas, por miedo a solicitar el consentimiento que esta medida impone, recurrirán medios caseros e insalubres para terminar el embarazo, con las consecuencias trágicas que aparecen dondequiera que se limita el ejercicio del derecho al aborto.
Para colmo, el referido al Departamento de la Familia tiene el efecto de crear una lista de menores que se han practicado un aborto: es el carpeteo por ejercer su derecho a decidir. Todo esto no tiene otro objetivo que hace más complicado e intimidante ejercer el derecho al aborto, con el interés de que menos mujeres lo ejerzan.
¿Deseamos reducir la necesidad de abortos en menores de edad? El medio para lograrlo es la educación sexual y con perspectiva de género. Ambas combinadas deben capacitar a las jóvenes para vivir su sexualidad responsablemente, para entender su cuerpo y los procesos reproductivos, para saber cómo evitar embarazos no deseados, para poder identificar y resistir agresiones o el abuso sexual. Pero irónicamente, los proponentes del proyecto 495 también se oponen a la educación sexual y la perspectiva de género. Es lo opuesto de lo que necesitamos: se oponen a la educación sexual y atacan la autonomía de las mujeres, y, en particular de las mujeres jóvenes. Ante eso, tenemos que defender la educación sexual y reproductiva y la autonomía de las mujeres.
Esta medida fue presentada por la delegación de Proyecto Dignidad, pero se aprobó con votos de las delegaciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Contra la medida y en defensa de los derechos y la vida de las mujeres, votaron las delegaciones del MVC (Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe), del PIP (María de Lourdes Santiago), el senador independiente José Vargas Vidot y los senadores del PPD Javier Aponte Dalmau y Héctor Santiago. Seguiremos en lucha en defensa de este derecho fundamental.
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Rafael Bernabe es Senador del Movimiento Victoria Ciudadana.
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