Por Rosa Seguí
A la fecha de la redacción de este artículo, en el 2020 han asesinado a seis personas trans en Puerto Rico. Una cifra alarmante y que es evidencia adicional de la innegable ola de violencia que nos arropa. Cinco de esas seis personas eran mujeres. La comunidad trans ha sido marginada por el gobierno y por nuestra sociedad por la única razón de ser quienes son: por vivir. Nuestra sociedad no ha sido capaz, debido a fundamentalismos y políticas basados en la religión y no en la ciencia y derechos humanos, de aceptarles tal como son y ha perpetuado el discrimen y el odio. Pero todo esto puede y debe cambiar.
Quisiera comenzar este artículo aclarando que no pretendo asumir un rol que no se me ha concedido por la comunidad trans, sino que escribo desde la solidaridad y el amor radical que siento y que me motiva a luchar juntas y de su lado por un mundo más justo, equitativo, solidario y empático. Para mí es incomprensible que exista el discrimen y que se acepte -o disimule- el odio hacia personas marginadas cuyas condiciones de vida hemos afectado adversamente mediante políticas públicas retrógradas, conservadoras, racistas, machistas, patriarcales y que no permiten que avancemos como sociedad.
Desde el año 1998, cada 20 de noviembre se observa el Día Internacional de la Memoria Trans. Este día es dedicado a la memoria de aquellas personas trans que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, es decir, el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional, así como también para recordar la violencia continua que sufre la comunidad Trans. En esta ocasión, lo hacemos en memoria de Alexa, Penélope, Yampi, Serena, Michelle y Layla.
Como algunas sabrán, fui candidata al Senado en las elecciones de este año por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Un Movimiento que se basa, celebra y cuya fuerza se encuentra en su diversidad. Es un partido político presidido por la licenciada -y Senadora Electa- Ana Irma Rivera Lassén, una persona negra y abiertamente de la comunidad LGBTTIQA+, rompiendo así los esquemas tradicionales de la política partidista en nuestro archipiélago. Mis experiencias durante la campaña me ofrecieron la maravillosa oportunidad de conocer y dialogar con personas y activistas de la comunidad trans y conocer sus experiencias de vida, sus reclamos y sus propuestas específicas para la implementación de políticas públicas que permitan movernos hacia una sociedad que les incluya, les acepte y les permita vivir una vida pŕospera, libres y en paz. Ese es el propósito de este escrito, poder visibilizar y unirnos a sus reclamos. Para ello, es importante repasar un poco los datos.
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans, que desde 2008 cuantifica a nivel mundial el número de homicidios cometidos contra esta población, entre dicho año y septiembre de 2020 se han registrado 3,664 asesinatos, con Brasil y México a la cabeza como los países con el índice más alto de violencia hacia esta comunidad.
Hubo 350 homicidios en el último año, lo que equivale a un 6 por ciento más que los reportados en el 2019; y el 98 por ciento de estos asesinatos fueron cometidos contra mujeres trans. En el caso de México, la organización reporta que de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 ocurrieron 45 asesinatos contra personas trans. El problema es real, es inaceptable y por esto, me uno a los reclamos justos y urgentes de la comunidad trans.
En Puerto Rico solo 3 de los 6 asesinatos han sido esclarecidos y ni la Policía ni la mayoría de la prensa utilizó el término correcto de estos crímenes: crímenes de odio y violencia machista. Existe resistencia a llamarlos feminicidios cuando son mujeres trans; esto tiene que cambiar toda vez que la abrumadora mayoría de los asesinatos son precisamente consecuencia directa del machismo que quiere -mediante la violencia- censurar a las personas trans con nombres peyorativos, despectivos y tratando de hacerle creer a la sociedad que ser trans no es natural, que es pecado o es una condición médica. Nada se aleja más de la verdad.
Puedo resumir las propuestas de algunas representantes de la comunidad trans debido a las conversaciones que hemos tenido, las reuniones que sostuvimos y por sus reclamos en las manifestaciones, piquetes y vigilias que se han llevado a cabo para dar a conocerlas. En primer lugar merecen vivir libres. Para ello es imprescindible que se implemente una educación con perspectiva de género. No logro concebir cómo el gobierno se resiste a esto. La educación debe promover la equidad y la igualdad de todos los seres humanos, que no se le quieran imponer roles de género a las personas según su genitalia, que no se le quiera privar a las personas de oportunidades iguales, en las que no se promueva o acepte la violencia de los hombres por su sexo, en la que no se quiera imponer un sexo fuerte y uno débil, entre otros aspectos.
En segundo lugar, merecen igual oportunidad de empleo. El discrimen laboral es abrumador, lo que ocasiona que en muchos casos tengan que recurrir a buscar empleo en profesiones distintas a las que estudiaron y para las cuales se prepararon académicamente. Para esto, sugieren que se implementen políticas que le requieran por ley al gobierno que emplee un por ciento de personas trans. Es decir, que el gobierno debe convertirse en el mayor empleador de personas trans para poder reparar los daños causados y así dar el ejemplo necesario para fomentar que se le ofrezca y conceda trabajo a la mayor cantidad de personas trans posible como una medida de equidad.
Simultáneamente, uno de los oficios a los que tienen que recurrir las personas trans, por el rechazo que reciben cuando solicitan empleo y para poder sobrevivir, es al trabajo sexual, entre otros oficios. El trabajo sexual es una profesión ilegal en Puerto Rico, lo que ocasiona que las trabajadoras se vean en constante amenaza de ser privadas de libertad y sujetas a las nefastas consecuencias del deficiente sistema de corrección en nuestro archipiélago. La propuesta específica es que se despenalice y se regule el trabajo sexual en Puerto Rico. De esta manera también se puede eliminar al proxeneta, cuya figura se caracteriza por la explotación y el abuso.
Otra propuesta específica es que se cree una unidad especializada en asuntos LGBTTIQA+ en la Policía, para que las personas de la comunidad tengan acceso a llamarles, consultarles y querellarse sin temor a la constante mofa, burlas, incredulidad, rechazo, violencia y discrimen. En otras ciudades de EEUU existen estas unidades que crean lazos con la comunidad y logran trabajar en conjunto por una sociedad libre de violencia y discrimen.
En esa misma línea, se necesita educar,no solo a la Policía, sino a todas las agencias del gobierno y patronos privados sobre la aceptación, la cero tolerancia al discrimen y los derechos de la comunidad trans como, por ejemplo: usar el nombre correcto, respetar la identidad de género al momento de privar de libertad, de anotar los nombres en las actas, querellas y reportes de incidentes, brindar todos los derechos según su identidad de género, entre otros.
Otra propuesta específica es establecer un seguro de salud universal para todas las personas, sin exclusiones, y que cubra todas las necesidades y condiciones de salud de las personas de la comunidad trans, libre de discrimen.
Finalmente, es importante que el gobierno y los patronos privados (incluyendo escuelas) utilicen a personas de la comunidad trans al momento de redactar, analizar, discutir e implementar legislaciones, reglamentos, manuales y políticas públicas. Tenemos que acabar con la forma anticuada de hacer política en cuartos oscuros del Capitolio, solo con hombres heterosexuales o con pocas mujeres, también conservadoras.
Lo más importante de este artículo que escribo con tanto amor, debe ser la inclusión. Para atender los temas que afectan a la comunidad trans tenemos que escucharles y hacerles caso. Exigir que sean parte de todos los espacios en los que se tomen decisiones que les afectan. Son quienes nos pueden brindar la perspectiva adecuada de su situación y de la propuesta específica que atenderá su queja de la manera idónea.
Nos unimos solidariamente a la lucha de la comunidad LGBTTIQA+ por vivir sin acoso, sin sentir la constante amenaza sobre sus vidas, hoy y siempre, y recordamos cada 20 de noviembre la memoria de las personas trans que fueron asesinadas y agredidas. Las vidas Trans importan. Ni una menos.
Rosa Seguí es abogada y representa a trabajadores y trabajadoras de diversas industrias y comercios y a sus organizaciones. Es natural de Isabela. Se formó en la Universidad de Puerto Rico y en las diversas luchas sociales, en particular la lucha de las mujeres por la equidad. Como mujer y como madre, tiene un compromiso con la justicia social y los derechos humanos desde esa perspectiva.
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